La Ley General de Víctimas fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor el próximo 9 de febrero. El objetivo del fondo, de acuerdo con el artículo 139 de la ley en materia, es brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral del daño a las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En un comunicado de prensa la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó la expedición de la Ley, destacando que la norma es fruto de un esfuerzo sostenido en los últimos años desde distintos ámbitos sociales y políticos, cuya dinámica fundamental alcanzó factibilidad gracias a la Reforma Constitucional en Derechos Humanos en vigor desde Julio de 2011.
En este sentido, Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señaló que la Ley General de Víctimas era un paso necesario, significativo y de plena legitimidad en el camino de dotar a las mexicanas y mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos cuando se enfrentan a la lacerante situación de dolor y precariedad que las convierte, sin buscarlo ni quererlo, en víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
Amnistía Internacional (AI) ve la firma de esta ley como un importante avance, necesario para saldar la deuda que las autoridades mantienen con las víctimas de la situación de violencia que vive el país, pero considera necesario garantizar su aplicación.
Así mismo, AI recuerda a las autoridades que para garantizar una justicia verdadera es indispensable también adecuar de forma integral el sistema de procuración de justicia y de seguridad pública para que estos funcionen con efectividad y con apego a la ley, pero siempre con el respeto irrestricto a las normas internacionales de derechos humanos. Mientras la impunidad siga siendo la norma en los hechos violentos que se suceden en México, no será posible detener la proliferación de la violencia y las violaciones de derechos humanos.
La Ley establece que las víctimas tendrán derecho a ser tratados con humanidad, respeto y dignidad por parte de los servidores públicos; derecho a solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, efectiva y gratuita por personal especializado.
Una de las novedades de este marco legal se refiere al “derecho a la verdad”, es decir, las víctimas, sus familiares y la sociedad tienen derecho a conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a las garantías fundamentales de que fueron objeto, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.