Este lunes en conferencia de prensa, el Frente en Defensa de la Tierra y el Agua “Región Malinche¨ la Red en Defensa de los Derechos Humanos presentaron la Jornada Nacional de los derechos socioambientales y Contra el Despojo, devastación ambiental e imposiciones del gobierno.
Durante la rueda de prensa en el Centro Prodh aseguraron que en México el proceso de privatización de los recursos naturales, energéticos y sociales se intensificó a partir del régimen neoliberal, dejando como resultado más de 50 millones de pobres.
Bajo ese contexto sostuvieron que habitantes de las comunidades han sido afectadas por los llamados proyectos de desarrollo que el Gobierno pacta con empresas concesionarias extranjeras.
El 20 de junio de 2008, las comunidades de la Región la Malinche se enteraron por los medios de comunicación que el Gobierno de Mario Marín Torres iniciaría la construcción de un mega proyecto denominado “Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla”, concesionando la construcción y operación por al menos 30 años a la empresa española Obrascón –Huarte – Laín, OHL.
Los funcionarios de Gobierno y los técnicos de la empresa, en ese momento denominada “Quila”, dijeron a los pobladores 
que no tenía opción y que era una orden de gobierno. A partir de ese día, dijeron, decidieron organizase para buscar información del proyecto debido a que no fueron informados en ningún momentos así como fortalecer el tejido social de la zona ya que las acciones del gobierno estaba dirigida por medio de la intimidación a la compra-venta de terrenos de los afectados.
Recordaron también que la empresa concesionaria OHL en México ha sido la causante en conjunto con los Gobiernos locales de la devastación ambiental en varias partes del país, tal es el caso de la SupervÍa poniente en la ciudad de México, impuesta de manera violenta en los últimos días, tras el desalojo del campamento en la colonia Malinche de la delegación Magdalena Contreras.
Exigieron la cancelación definitiva y por decreto oficial del proyecto denominado Libramiento Norte Puebla, la restitución de todos los terrenos adquiridos vía intimidatoria por la empresa OHL, a través de la constructora Quila Alter Constructores, la cancelación del Decreto de Utilidad Pública, publicado el 31 de diciembre de 2010 así como se garantice la integridad física, sicológica y moral de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como también de las personas y organizaciones solidarias con su movimiento.
Definitivamente los intereses políticos y económicos están claramente por encima de la protección y procuración de los derechos humanos y ambientales en México para todos y todas.