• Informe refleja el desdén de la PGR: familia Will; investigación de la SCJN sobre Oaxaca legitima uso de fuerza pública.
Después de que a finales del mes pasado la PGR presentara un estudio realizado por autoridades canadienses como sustento a su tesis en el caso Brad Will, hoy es publicada en diversos medios la opinión de los familiares del activista de medios estadounidense. Según publica hoy Diego Osorno, la familia considera al estudio “en términos generales incompleto” y señala que “carece de la calidad que uno esperaría de peritos forenses”. Entrando en detalles indican que “los investigadores canadienses piensan que la persona que disparó a Brad estaba al lado derecho, a unos 10 metros de distancia, según su diagrama. Esto es absurdo. Dos fotógrafos estaban agachados en ese lugar. Esos fotógrafos tendrían que haber sido sordos y ciegos para no haber observado a alguien a su lado dispararle a Brad”. También se quejan de que los peritos canadienses no hablaron “con nuestra familia ni con nuestro abogado en México”. Concluyen cuestionando “¿Imparcial? Los investigadores actuaron a titulo individual, no tienen el respaldo de ninguna institución. Esto genera dudas sobre su imparcialidad. ¿Quién financió su informe? ¿Qué prueba que cuentan con la experiencia para realizar el trabajo?”. La carta de la familia Will también fue presentada en Oaxaca por el abogado Miguel de los Santos.
Por otra parte Reforma publica hoy un adelanto sobre la investigación que dos magistrados entregaron al Ministro ponente para la investigación que la SCJN realiza sobre el caso Oaxaca, en términos del artículo 97 constitucional. Entre otros párrafos citados por Reforma, la Comisión ”considera que los operativos que implementaron las autoridades encargadas de la seguridad pública, con la finalidad de restablecer el orden, la paz y seguridad pública en la zona afectada por las movilizaciones magisteriales y populares, fueron en uso legítimo de las fuerza pública”. El reportero de reforma afirma, con base en el documento, que el “movimiento social violó las garantías individuales a los ciudadanos de la capital en su libertad de tránsito debido a las barricadas; de trabajo por el cierre de negocios y de dependencias; y su derecho a la información por la toma de radiodifusoras”. El informe es obra de los magistrados de circuito Roberto Lara y Manuel Baráibar, y fue entregado al ministro Mariano Azuela el 26 de marzo anterior.