Quedan unos cuantos días para que termine el sexenio del gobierno de Felipe Calderón y al fin de su mandato entrega una enorme deuda en materia de justicia y de respeto y garantía de los derechos humanos; además de haber ser omiso en los señalamientos que se le realizaron a lo largo de su gobierno, su terquedad en mantener la estrategia de seguridad profundizó la violencia y los atropellos contra los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Además de los innumerables asesinatos, los delitos de la tortura y las desapariciones forzadas incrementaron, haciendo más vulnerable a la población. Al ser delitos realizados por agentes de seguridad, la capa de la impunidad lo ha cubierto y han hecho más difícil todo el proceso de castigo a los responsables y reparación del daño a las víctimas.
La gravedad de la tortura y las desapariciones forzadas nos pone en una status similar con los regímenes dictatoriales latinoamericanos. La infamia de estos graves delitos, se ve reforzada por la protección a los agresores y por las consecuencias jurídicas de quienes firmaron o aceptaron bajo tortura. Y no son pocas las ocasiones, que después de excesos publicitarios las autoridades presenten a los “supuestos criminales” para después retractarse y además luego ser acusados por las violaciones a los derechos humanos.
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (ONU) aseguró que en el país se han registrado más de 3 mil desapariciones forzadas desde 2006 hasta 2011, y la CNDH notificó 894 casos de presunta desaparición de personas entre 2007 y 2011. Por otro lado, en relación con la tortura, la CNDH ha emitido varias decenas de recomendaciones al ejército por éste. El caso de Israel Arzate constituye uno de los casos más graves, fue detenido por dos soldados y llevado a instalaciones militares para darle choques eléctricos en el pecho y abdomen, asfixiarlo con una bolsa de plástico aplicada en la cabeza e incomunicarlo; estos actos fueron confirmados posteriormente por la CNDH. Además al ser amenazado con violar a su esposa, Israel fue obligado a autoinculparse del homicidio de 15 personas, en las Villas de Salvárcar.
Los delitos de desaparición forzada y tortura, constituyen “el pan de cada día” y sin embargo, el Secretario de Gobernación considera que sólo con un curso de derechos humanos que han recibido los agentes de seguridad ya no existen más abusos. Es preciso que estas prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos sean tratadas con toda severidad y queden claramente sancionadas, a través de leyes que ofrezcan certeza jurídica y terminen contra las arbitrariedades y la displicencia al atender las quejas de las víctimas. La atracción del caso de Israel por parte de la Primera Sala SCJN para su posterior aporta sustancialmente a la comprobación de un sistema que se encuentra obsesionado por mantener la impunidad. Recuperar el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana, pasan obligadamente por la garantía de que no se repitan más los actos de tortura y de desaparición forzada.