Por Javier Hernández Alpizar
La Yesca tiene el rostro del afectado pero no resignado, dijo el abogado representante de las comunidades demandantes. Las personas afectadas por esta presa defienden derechos humanos reconocidos en la Constitución como el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado para su bienestar, derecho a una profesión, a una subsistencia justa, a un trabajo digno y socialmente útil, al libre tránsito, a una indemnización justa y el pago de daños y prejuicios. Han promovido varios amparos y pedirán que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). También lo presentarán en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
Desde diversos poblados y rancherías de Nayarit y Jalisco, personas afectadas por la presa hidroeléctrica La Yesca, un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vinieron a la ciudad de México en demanda de justicia y del cumplimiento de acuerdos (muchas de ellos verbales) incumplidos por parte de la empresa productora de energía.
Los campesinos organizados en el Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) exigen el pago justo de indemnización por sus tierras y bienes perdidos o afectados, como árboles, aguajes y agostaderos, así como la construcción de obras, especialmente en compensación para personas cuyas tierras quedaron inservibles para seguir viviendo de ellas. Entre estas personas hay muchas de más de 50 años de edad, quienes ya no pueden comenzar a trabajar de nuevo para tener un patrimonio.
Denunciaron el incumplimiento de acuerdos por parte de la CFE, a la que acusan de haber procedido mediante engaños y coerción e incluso amenazas, pues uno de los afectados denunció a un operador de la comisión, un ingeniero de apellido Armas, de haberlo amenazado por negarse a aceptar un pago pequeño e injusto diciéndole: “cuida tu vida”; a lo que asegura haber respondido: “cuídala tú, porque yo peleo por lo mío.” Otras personas afectadas aseguraron que algunos de estos negociadores que hablaron con los campesinos en nombre de la empresa se condujeron con despotismo y expresiones como: “tus tierras ya no sirven, toma lo que te dan”; “si quieres a 40 pesos (por metro cuadrado de terreno) y si no…”
La empresa ha generado división entregando obras a personas no afectadas y negando los trabajos de construcción prometidos a personas afectadas que se niegan a recibir indemnizaciones muy bajas por sus bienes.
Las tierras afectadas abarcan una extensión mayor a las 3 mil 830 hectáreas, en un área de rancherías y pequeños poblados con un total aproximado de 10 mil habitantes.
El abogado representante de los afectados, Alejandro López Aguayo, quien antes ha llevado la defensa de los opositores a la presa El Cajón, dijo que en el caso de La Yesca es difícil calcular la cantidad total de dinero por indemnizaciones, porque algunas son en efectivo y otras en obras como caminos, bordos y mejoras para las comunidades, pero no rebasan en conjunto el 5 por ciento del total de la inversión de la presa. Inversión que originalmente se presupuestó en 777 millones de dólares, pero que tras un derrumbe de parte de la cortina por fallas geológicas se ha elevado a más de mil 300 millones de dólares.
La empresa constructora es Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a quien CFE le asignó la presa La Yesca a pesar de que esta compañía demandó a la comisión ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por más de 168 millones de dólares a raíz del conflicto generado por la presa El Cajón, en Nayarit, donde también ICA participó. En ese litigio, la CFE perdió.
Las personas afectadas dieron una conferencia en el auditorio del Centro Prodh, en donde exhibieron mantas que expresaban: “CFE cumple lo que prometiste a los afectados de La Yesca, Cúmplele a Tapexco, Sí al desarrollo con dignidad, sí a un medio ambiente sano; CFE genera “riqueza nacional” pero pobreza local y Alto a la corrupción”.
El Centro Prodh, en voz de Roberto Stefani, expresó que hay un patrón de afectaciones que se repite en esta clase de megaproyectos, los cuales comienzan violando los derechos de las personas a la información, a la consulta, al consentimiento previo libre e informado. Muchas veces las comunidades se enteran cuando ven pasar la maquinaria de la constructora. Es común la falta de una indemnización justa e integral e incluso las amenazas a los afectados que reclaman respeto a sus derechos. En los Estados Unidos y los países de la Unión Europea ya no se justifica desplazar comunidades para construir una presa. México ya produce más energía de la que necesita y el excedente lo exporta a los Estados Unidos o lo destina a otros megaproyectos como la minería, que también traen graves afectaciones al ambiente y violaciones a los derechos humanos.
Organizados en el Mapder, defensores del medio ambiente y de los derechos de las comunidades se oponen a presas en muchos estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Nayarit y Coahuila.
Como parte del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), personas y comunidades afectadas por presas se reunirán en una pre audiencia en Temacapulín, Jalisco, el lunes 5 y martes 6 de noviembre de este año, el jueves 8 de noviembre el jurado hará público el fallo en Guadalajara y el viernes 9 de noviembre lo entregarán a la SCJN y lo darán a conocer a los medios en la ciudad de México. Mayor información sobre esta preudiencia del TPP México en http://www.mapder.lunasexta.org/