Gracias a la persistencia de la familia de Israel Arzate y a los insistentes recursos jurídicos preparados por su defensa, el gobierno de Chihuahua se vio forzado a cumplir en tiempo y forma con el mandato judicial que lo obliga a cumplir de manera estricta el artículo 169 del Código Procesal Penal de Chihuahua que claramente estipula que las medidas de arraigo se realizarán en la casa del imputado. Ello implicó que por fin la semana pasada, Israel fuese conducido a su domicilio. Sin embargo, ello no ha implicado que instancias administrativas detengan sus maniobras obstaculizadoras, así como su estrategia para litigar el caso en los medios de comunicación, ante su incapacidad para probar las acusaciones que han venido sosteniendo contra de Israel.
Ante las diversas acciones oficiales que buscan confundir a la opinión pública, la familia y las organizaciones que defienden a Israel ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron nuevos posicionamientos por parte de organismos internacionales e hicieron un llamado a la reconciliación de la sociedad de Chihuahua, toda vez que desde las instancias oficiales se ha incentivado la confrontación social para tratar de minimizar la incapacidad para resolver la masacre de Villas de Salvarcar. De la misma manera, y ante la declarada incapacidad asumida por distintas autoridades de la Fiscalía de Chihuahua para garantizar la seguridad y protección de Israel Arzate, su familia y las organizaciones que acompañan su defensa decidieron solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se concedan de manera urgente medidas cautelares a su favor para que el Estado mexicano en su conjunto otorgue protección y garantice su seguridad mediante la colaboración de instancias federales.