Por Javier Hernández
En el foro Los derechos humanos hoy, realizado por el Comité Jurídico y de Derechos Humanos de #YoSoy 132 el 27 de septiembre en las instalaciones del Centro Prodh, los ponentes compartieron reflexiones que pueden ser punto de partida para una agenda de la movilización ciudadana, los movimientos sociales, las luchas populares o como se quiera llamar a las acciones y esfuerzos de la protesta social, la resistencia y rebeldía contra autoritarismos y abusos.
Participaron el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera; dos académicos: Camilo Pérez de la UACM y Julio César Contreras de la UNAM, además de un integrante del Comité Cerezo, Francisco Cerezo, quien moderó y también hizo comentarios sustantivos.
Pese a la brevedad de las intervenciones, quedó claro que en México vivimos una coyuntura clave no sólo por la transición del poder Ejecutivo entre Calderón y Peña Nieto, sino porque nos encontramos en una situación compleja, que describió en parte el representante de Amnistía como una “vuelta en u” en derechos humanos. Alberto Herrera lo ejemplificó con los temas que entraron en la agenda de AI: Daños ocasionados por la política de seguridad pública, la llamada guerra al crimen; la tortura, que se incrementó; las desapariciones forzadas, que están en un nuevo punto álgido como lo estuvieron por la contrainsurgencia en los años setenta y ochenta; y la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Los ponentes coincidieron en que no hay suficientes canales de participación ciudadana en la elaboración de las leyes y políticas públicas que afectarán a los mexicanos, el ejemplo a la vista: la reforma laboral a espaldas de los trabajadores; tampoco hay mecanismos de rendición de cuentas y evaluación que permitan a la sociedad obligar al Estado a armonizar las leyes y políticas públicas con los estándares internacionales en derechos humanos. La consecuencia es la impunidad, porque las leyes no son útiles, si carecen de reglamentos, protocolos, instrumentos jurídicos y políticos para aplicarlas.
Los avances y retrocesos en la legislación están a la orden del día: Por un lado, una reforma constitucional en derechos humanos y por otro una ley sobre delincuencia organizada que suspende derechos humanos y garantías constitucionales (cosas relacionadas pero diferentes, se aclaró) en cuestiones como el arraigo, violatorio de derechos humanos pero constitucional.
A propósito del ejemplo, se abrió una puerta: Los instrumentos internacionales pueden ser usados por la sociedad para impugnar lo que se pretenda volver inexpugnable metiéndolo en la Carta Magna. El Estado mexicano está obligado a que sus leyes, comenzando por las constitucionales, respeten las convenciones y protocolos internacionales en derechos humanos que ha firmado y ratificado.
El catedrático de la UACM Camilo Pérez Bustillo, mencionó el Tribunal Permanente de los Pueblos, cuyo Capítulo México se abrió en octubre de 2011 y terminará en 2014. Es un espacio ético y de conciencia que la sociedad debe aprovechar para denunciar, visibilizar y condenar graves violaciones a los derechos humanos en los ejes que el TPP Capítulo México tiene: guerra sucia, violencia y derechos humanos; feminicidios y violencia contra las mujeres; migración y crímenes de lesa humanidad contra migrantes, desplazados y refugiados; devastación ambiental; agresión al maíz como centro de la civilización mesoamericana; agresión a los derechos laborales y a los trabajadores; medios de comunicación concentrados en pocas manos y agresiones a medios comunitarios y a comunicadores.
Los ponentes coincidieron en la importancia de la movilización, como la que ha representado el movimiento juvenil convocante, y en general de la participación ciudadana, social, en la protesta, la rebeldía y la lucha. Lo que pase con los derechos humanos no dependerá sólo del Estado mexicano ni del gobierno, sino de que la sociedad logre entender lo que expresó el académico Julio César Contreras: que las leyes y los derechos humanos tienen como destinatarios a las personas, y en caso de no ser así, no puede hablarse de un derecho ni de un Estado.
Contra una concepción hegemónica del derecho y los derechos, oponer una visión de ellos desde abajo, desde las víctimas, desde las comunidades y los pueblos. No todo está ya determinado… falta ver qué hará la sociedad. Los derechos humanos en México pueden tener otro camino: estar destinados a quienes deben estarlo.