El Estado mexicano respondió en agosto de este año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la familia Guzmán Cruz y organizaciones que le acompañan en la petición de admisión del caso de desaparición forzada de cinco varones de esa familia en 1974, no han agotado los recursos jurídicos en México.
Después de seis años de solicitar a la CIDH la admisión del caso los familiares, la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) han recibido una respuesta vaga e incompleta por parte del Estado mexicano.
En octubre de 2006, organizaciones solicitaron una audiencia ante la CIDH en Washington y entregaron la petición para este organismo admitiera la demanda contra el Estado mexicano por la desaparición forzada entre 1974 y 1976 de Don Jesús Guzmán Jiménez, Amafer, Venustiano, Solón y Armando Guzmán Cruz, originarios de la comunidad indígena purhépecha de Tarejero, dicha petición se llevó a cabo después de haber agotado las instancias nacionales en busca de justicia.
Después de pedir formalmente a la CIDH que analizara este caso, el Estado mexicano pidió una prórroga para responder sobre el delito y es hasta este 2012 cuando respondió de manera imprecisa a la solicitud que le hiciera el organismo internacional.
Es importante señalar que la desaparición forzada es un delito que no prescribe, puesto que cada día que pasa sin que la víctima sea presentada con vida a sus familiares, el delito continúa perpetrándose.
En el caso paradigmático de la familia Guzmán Cruz han pasado ya 38 años desde que fueron detenidos arbitrariamente por elementos de seguridad de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad y soldados del Ejército mexicano. Junto a los cinco miembros de la familia, fueron desaparecidos otros tres varones: Rafael Chávez Rosas, La ciencia y Doroteo Santiago Chávez, Lao y José Luis Cruz Espinosa.
La denegación de justicia en este caso ha sido continuada durante 38 años, además los responsables materiales e intelectuales continúan gozando de impunidad.
Ante esta situación los familiares y organizaciones acompañantes recalcaron que continúan a la espera de la admisibilidad del caso ante la CIDH.
Por último, familiares de desaparecidos, la Fundación Diego Lucero y el Centro Prodh llamaron a la nueva administración federal a cargo de Enrique Peña Nieto, para que en esta oportunidad histórica para México y en especial, para su partido, coadyuve a la agilización de acceso a la justicia.