Ayer, 26 de septiembre se cumplieron cinco años de la desaparición forzada de Francisco Paredes Ruiz, ocurrida en Morelia, Michoacán. Paredes fue militante, durante la década de los 70, de una organización político militar y fue preso político en la cárcel de Lecumberri. Cuando fue liberado, Pancho Paredes se incorporó a la lucha democrática y pacífica.
A cinco años de su desaparición se han realizado diversas gestiones ante dependencias estatales y federales, gubernamentales y de derechos humanos, sin que hasta la fecha se tenga respuesta satisfactoria, señalaron amigos y familiares.
Francisco participó activamente en la fundación Diego Lucero, que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la denuncia de las mil 300 personas víctimas de desaparición forzada durante el periodo de la guerra sucia en México.
La Fundación Lucero recalcó en el comunicado de prensa con motivo de un aniversario más de la desaparición de su integrante, que ésta “no es un hecho aislado, se inscribe en el clima de criminalización de la protesta social y la persecución en contra de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos, política represiva que durante la administración calderonista, que se acerca a su fin, presenta un saldo preocupante de detenciones arbitrarias, juicios amañados, sentencias injustas y punitivas, hostigamientos y torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.
En Michoacán, continúa en el comunicado, la estrategia de Calderón ha provocado una violación sistemática de los derechos humanos.
Francisco Paredes desapareció el 25 de septiembre de 2007, a su vuelta a Morelia desde Chihuahua, donde había participado en los actos conmemorativos del asalto al cuartel Madera por grupos de la resistencia armada en los años 70.
La última vez que su familia supo de él, fue el 26 de septiembre, cuando Francisco se comunicó vía teléfono celular con su familia para decirles que estaba por llegar a su domicilio. Paredes no llegó a casa y días después fue encontrada su camioneta abandonada.
Ante esto se exige al gobierno mexicano tomar todas las medidas necesarias para la presentación con vida de Francisco, garantizando su integridad física y psicológica así como las garantías al debido proceso y de seguridad jurídica.
También demandaron que para evitar que se repitan casos como el de Francisco, el Congreso de la Unión retome y apruebe el proyecto de Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, al tiempo que el Senado elimine las dos restricciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que eluden el carácter imprescriptible de este delito de lesa humanidad y garantizan impunidad a los elementos del Ejército involucrados en esos crímenes, al no permitir que sean juzgados por tribunales civiles al acogerse al inconstitucional fuero militar.