Por Área Internacional del Centro Prodh
El día de ayer y hoy, delegaciones de diversos Estados de las Américas celebran una reunión en la ciudad de México con los siete comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como representantes de las organizaciones de la sociedad civil usuarias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el fin de discutir posibles propuestas de reforma a algunas de las prácticas o reglas de la Comisión. Si bien este evento supuestamente va encaminado a “fortalecer” el Sistema Interamericano, en realidad algunos Estados pretenden aprovechar el proceso para debilitarlo, aumentando los requisitos y formalidades para que las víctimas de violaciones a derechos humanos puedan acceder a la protección que ofrece el Sistema. Lo anterior se ve reflejado de manera más aguda en el reciente anuncio de Venezuela, en el sentido de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como sabemos, en las últimas décadas el Sistema Interamericano, compuesto por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha jugado un papel fundamental para consolidar la democracia, el Estado de Derecho y la protección y garantía de los derechos de las personas y pueblos de la región. Mediante la resolución de casos individuales, la Comisión y la Corte han sentado importantes estándares legales sobre temas como la prohibición de otorgar amnistía por graves violaciones a derechos humanos, y han contribuido a esclarecer la verdad histórica de crímenes como los cometidos por las dictaduras en el cono sur del continente; masacres a comunidades indígenas en Centroamérica; así como casos de tortura, desaparición forzada, represión a defensores de derechos humanos y violaciones al debido proceso. En este sentido, el sistema de casos individuales es el último recurso y la última esperanza para que las víctimas encuentren justicia, cuando las instancias internas de un determinado país no hayan sido eficaces para hacerlo. De igual manera, cuando corre riesgo la vida, integridad física u otros derechos humanos de una persona o comunidad y las autoridades locales o nacionales no responden de la manera adecuada para proteger los derechos amenazados, las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana (o las medidas provisionales de la Corte IDH) pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Los logros del Sistema Interamericano, y en especial de la Comisión, se han dado a pesar de que la Organización de Estados Americanos (OEA) destina un mínimo porcentaje de su presupuesto a los órganos del Sistema Interamericano, provocando que la Comisión tenga que buscar la mitad de su financiamiento de fuentes externas y que aun así opera a sólo una fracción de la capacidad requerida para llevar a buen término su mandato sin retrasos procesales. En los hechos, una petición enviada a la Comisión Interamericana tardará años sólo en ser “registrada” y trasladada al Estado demandado, por falta de personal y recursos para tramitar los casos de manera adecuada. El otro gran reto del Sistema Interamericano es lograr que los Estados cumplan sus recomendaciones y sentencias, y adecuen sus normas y prácticas internas para que dejen de ocurrir tantos casos de violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, la discusión que actualmente se lleva a cabo entre los Estados ha omitido abordar de manera seria estos dos temas fundamentales, puesto que los Estados en vez de buscar fortalecer el Sistema, en muchos casos prefieren debatir posibles reformas reglamentarias o de prácticas de la Comisión con el fin de agregar más formalidades a sus procesos, aun cuando la Comisión acaba de reformar su propio reglamento para incorporar muchos de los mismos cambios ahora planteados (por ejemplo, aumentando los requisitos para conceder medidas cautelares).
Ante este panorama, resulta claro que el grueso de la tarea de seguir impulsando el cumplimiento e internalización de los estándares interamericanos -de cumplimiento obligatorio para los Estados parte de la Convención Americana, como es el caso de México- seguirá recayendo en las propias organizaciones de derechos humanos y en las víctimas que acudan al Sistema. Por lo tanto, aunque es importante seguir las discusiones en México durante estos días para impulsar el verdadero fortalecimiento del Sistema Interamericano en el marco de las actuales discusiones de su reglamento y prácticas, en el mediano y largo plazo, la lucha más importante será la de la sociedad civil y otros actores aliados para hacer cumplir las decisiones de los órganos del Sistema en sus países.