Durante más de dos años las organizaciones de derechos humanos, de libertad de expresión y periodistas participaron en un proceso intenso en la recién aprobada Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Trabajaron con la Secretaría de Gobernación (Segob) y los legisladores con asesoría de organismos internacionales no gubernamentales. Con esta ley se pretendía proteger a algunos de los grupos más vulnerables en el actual contexto de violencia e inseguridad.
La ley aprobada el 25 de junio de este año, establece que garantizará “la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. El mecanismo coordinado entre las diferentes dependencias brindará medidas de prevención, protección y medidas urgentes de protección. Se planea la creación de toda una estructura con el fin de poner en marcha lo antes dicho y no sustituye otras medidas surgidas de organismos internacionales. Además establece plazos para que se implementen las medidas mencionadas. Y en todo esto es muy importante que se realizaran acuerdos de cooperación entre la federación y los estados, aunque la responsabilidad recaerá en el gobierno federal.
Las acciones por emprender en el ejercicio de esta ley, redundarían en el fortalecimiento del Estado de Derecho y por tanto a avanzar en la práctica de la reforma constitucional del artículo primero. Sin embargo las distorsiones políticas se encuentran a la orden del día y se dirigen a evadir legalmente la defensa de los derechos humanos. Esto sucedió el día 7 de septiembre cuando, la Segob convocó a las organizaciones que previamente había elegido, para definir la metodología de la elección de lo que será el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A la reunión asistieron las 24 organizaciones que estuvieron trabajando desde la formulación y cabildeo de la ley y otras 45 organizaciones que nunca habían participado. Este último grupo se negó a identificarse y exponer su trayectoria en el tema de los derechos humanos. La mayoría de las 45 organizaciones proceden del estado de México, algunas de ellas ligadas al PRI. Mientras que la reunión avanzaba las propuestas del grupo inicial de organizaciones conocidas por su trabajo eran rechazadas por el grupo desconocido que votaron en conjunto.
Las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro Prodh, la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Casa de los Derechos de Periodistas, Asociación Mundial de Radios Comunitarias y Servicios y Asesoría para la Paz, entre otros, se levantaron de la mesa con Gobernación y posteriormente denunciaron:
- El proceso de convocatoria fue elaborado e instrumentado de manera unilateral por parte de la Segob, la cual seleccionó a las organizaciones participantes en la asamblea sin señalar los criterios en los que se basó, a pesar de que durante la sesión su representante intentó negarlo.
- Debido a esto, al iniciar la sesión se expresó la preocupación de que la mayoría de las organizaciones presentes no cumpliera con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por la Segob para participar en la asamblea de organizaciones. No obstante, durante el inicio de la asamblea se solicitó transparentar la información de las organizaciones participantes a fin de que se validara que cumplían con los requisitos señalados por la propia convocatoria, lo cual fue rechazado.
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), coordinadora de la asamblea, no facilitó las condiciones adecuadas para garantizar un diálogo constructivo y propositivo en la asamblea, lo que impidió que fueran atendidas y solventadas las dudas planteadas desde el inicio de la sesión.
- No se garantizaron las condiciones adecuadas para que las organizaciones que no radican en la Ciudad de México pudieran participar en las deliberaciones y la toma de decisiones de la asamblea, lo que impidió que su voz fuera escuchada y sobretodo tomada en cuenta en las deliberaciones.
El peligro de continuar trabajando de esta manera, es que el Consejo sea controlado por personas que no tienen experiencias en la defensa de los derechos humanos y en la libertad de expresión. Además la falta de transparencia de parte del Estado sigue poniendo en riesgo a los defensores y periodistas. Es por eso que nos unimos a las organizaciones demandantes en las siguientes exigencias:
Que se reponga la convocatoria a las organizaciones civiles de derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión desde criterios incluyentes.
Que se publiquen los nombres y currículos de las organizaciones, defensores y periodistas que se hayan registrado en el procedimiento.
Que se hagan públicos también los nombres y currículos de los candidatos y candidatas al Consejo Consultivo del Mecanismos de Protección a Personas Defensoras y Periodistas
Que la asamblea de selección pueda ser observada y monitoreada por la prensa y personas u organismos interesados en este proceso.