Navi Pillay, alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones reconoció ayer, lunes, durante la 21 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de acotar la jurisdicción militar en casos que involucren a civiles, se informa en diversas publicaciones nacionales.
La comisionada aseguró que esa sentencia es histórica en cuanto a los derechos humanos y que “la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada es una medida excepcional que ha de llevarse a cabo bajo control civil”.
Por otro lado, ayer mismo se difundió información sobre el hecho de que Pillay envío una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 22 de agosto, en la cual señala que la ONU recomendó al Estado mexicano “garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas sean investigadas y juzgadas por las autoridades civiles”.
Cabe recordar, que fue durante los últimos días del mes de agosto cuando la Suprema Corte discutió el tema del fuero militar y la posibilidad de que los elementos castrenses que cometieran violaciones a los derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles y no militares. En la carta enviada por la comisionada, se señala que “en ningún caso la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles; las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetrados por militares “deben tener acceso a recursos eficaces”.
Además de aquellas recomendaciones hechas por la ONU al Estado mexicano, continúa el documento, hay cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que la justicia militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional.