Rescate de la banda sin democratización de los medios

El tema de las telecomunicaciones tiene gran importancia para la ciudadanía porque está en juego los derechos a la información y a la expresión. Y lo recién acontecido entre una empresa dedicada a surtir de productos a través de la banda ancha evidencia la tendencia a mercantilizar los derechos. Los  monopolios en las telecomunicaciones significan altos grados de concentración que son obstáculos para la competencia y desgraciadamente no se trata del único sector monopólico, ahí también se encuentra la industria del cemento, de las tiendas departamentales y los bancos[1], entre otros. Estos procesos comerciales tienen costos muy altos para los consumidores, en México por ejemplo sólo un 7.7 por ciento tiene acceso a la banda ancha móvil, mientras que en Chile es más del doble: 17.4% y con otros países europeos, la comparación no tiene razón de ser.

El punto más álgido de la discusión fue el 8 de agosto, día en que el gobierno inició el procedimiento de “rescate” de la banda de 2.5 GHz, para después iniciar su licitación. Los dimes y diretes subieron de tono el 22 de agosto, cuando cada parte mostró sus argumentos, muchos de ellos eran textos de intercambio mutuo. La empresa Multivisón, con la dirección de la familia Vargas ha alegado un conflicto político, en el que ha estado en el centro del debate, la censura a Carmen Aristegui.

Sería ingenuo que omitiéramos que estamos ante una relación de poder entre un propietario de medios de comunicación y el Presidente Calderón, caracterizado por su poca capacidad de recibir las críticas. Además tendríamos que recordar la historia de sumisión de los periodistas y empresarios de la comunicación con el poder en turno. Las críticas a esta relación de poder la ha encabezado el movimiento de jóvenes #yosoy132 con una gran resonancia en la sociedad por sus exigencias en la democratización de los medios de comunicación.

La disputa en estos días son 60 concesiones en la banda de 2.5 gigahercios, en donde el gobierno le pide a MVS el costo de 13 mil 406 millones de pesos, en un plazo de 20 años. Habría que decir que los cálculos que hace el gobierno del valor total de la banda son de 27 mil millones de pesos.

Algunos especialistas afirman que la ausencia de una política espectral hace discrecional la aplicación de la contraprestación propuesta por Hacienda; no consideraron las inversiones, el valor de los activos y uno de los elementos más importantes como es el ingreso per cápita por habitante.

La posición de la SCT, a través del subsecretario Héctor Olavarría, es que los 11 concesionarios de la banda ancha tendrán hasta 125 días para presentar las pruebas para que posteriormente se determine qué cantidad de espectro podrán recuperar.

Tendríamos que decir que el gobierno tiene derecho a retirar las concesiones  y que la empresa MVS tiene que sustentar que sus servicios ofrecen un valor agregado. Sin embargo, hay elementos que indican el tratamiento político de un asunto tan delicado como lo puede ser la represión a una periodista crítica, así como en el apoyo a los actuales monopolios, en detrimento del acceso de millones de mexicanos al internet. Por otro lado, no se debe revisar el tema de las telecomunicaciones solamente desde el punto de vista técnico, porque de lo contrario se podría omitir criterios éticos y puntos de vista desde los derechos de la ciudadanía.

Por lo expuesto, se observa que el gobierno no tiene una propuesta que permita en el corte plazo la utilización de la banda ancha, y por tanto los beneficiarios de esta decisión serán los monopolios de Azcárraga y Slim, pues ambos propietarios eran sus competidores en algunos de los productos que ofrecía MVS. El gran perdedor será el consumidor mexicano, que se quedará sin opciones en donde haya competencia que favorezcan la disminución de precios, pues la pelea legal de MVS y el gobierno puede fácilmente llevarse varios años, como sucede en los procesos jurídicos de este país.