La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero denunció la detención de Máximo Tranquilino Santiago, coordinador de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, por parte de la agencia del Ministerio Público y el juez de primera instancia de esa ciudad.
La CRAC – Policía Comunitaria, asegura que la detención de Tranquilino así como las amenazas de muerte en contra de otros miembros de la organización, la permisividad con la que operan grupos de la delincuencia organizada así como la agudización de conflictos agrarios en la región, son parte de una estrategia del Estado en contra de la organización autogestiva de los pueblos y comunidades de la costa y la montaña de Guerrero.
En un comunicado de prensa difundido el día de hoy, la CRAC informa que la acción fue justificada por el ministerio público y el juzgado, puesto que dieron seguimiento a una causa penal contra varios coordinadores y comandantes regionales de la Policía Comunitaria, acusados de privación de la libertad en contra de un habitante de la región, quien a su vez, fue acusado de asesinar a un vecino de la comunidad guerrerense de Yoloxóchitl. La persona señala como responsable del asesinato, se encuentra en proceso de reeducación del sistema comunitario, conforme lo marca la legalidad y legitimidad de las autoridades comunitarias de la Montaña.
Debido a la detención de Máximo Tranquilino, los pueblos y comunidades de la región se reunieron en asamblea, en la que decidieron detener a los agentes del ministerio público y el juez mixto de primera instancia, por incumplir los acuerdos de no agresión y de coordinación en materia de procuración de justicia. Las autoridades estatales y comunitarias se rigen bajo una relación de coordinación en materia de seguridad y justicia, basada en la Ley 701 de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos del estado de Guerrero; esa ley dota a la CRAC – Policía Comunitaria de legalidad y legitimidad de sus acciones.
El martes 28, miembros de la Policía Comunitaria detuvieron a Filomeno Vázquez, José Luis Bernabé, Omar Sandoval y Napoleón Hernández; funcionarios del Ministerio público y de Juzgado Mixto de Distrito. Esta acción se llevó a cabo en el marco de legalidad anteriormente referido, en cuanto a la Ley 701.
Las autoridades comunitarias informan que los funcionarios detenidos se encuentran en buenas condiciones de salud, además de que están informados sobre los motivos de su detención y de los procedimientos para su liberación.
Este miércoles, las autoridades municipales y agrarias de la región se reunirán en la Casa de Justicia Comunitaria, donde han citado a las autoridades estatales pertinentes. Se invita también a participar en este encuentro a representantes de medios de comunicación y representantes de organizaciones políticas y sociales.