Guatemala condenó, el pasado 15 de agosto, a 70 años de prisión a Juan García Arredondo, ex jefe de un comando de la Policía Nacional, a quien se le imputa la desaparición forzada del estudiante de agronomía, Edgar Sáenz Calito en 1981. Los delitos que se le imputaron fueron desaparición forzada y «deberes contra la humanidad», como se tipifica en Guatemala el delito de lesa humanidad, por los que fue sentenciado a 40 y 30 años de prisión, respectivamente.
Según la información divulgada por diferentes diarios guatemaltecos, García Arredondo es conocido en ese país centroamericano por haber reprimido fuertemente a estudiantes. Además en otras publicaciones, se señala que puede estar involucrado en otras desapariciones forzadas y asesinatos cometidos durante el régimen militar en la década de los 80.
Edgar Sáenz fue detenido en marzo de 1981 en la capital guatemalteca, se le acusó de llevar propaganda de una organización guerrillera. Edgar fue llevado a las instalaciones de la secta unidad policial, donde fue sometido a interrogatorios ordenados por Juan García Arrendondo.
El estudiante fue detenido hasta junio, cuando fue liberado. Ese mismo día cuatro hombres armados los secuestraron y desde entonces nada se sabe de él.
Según reporta la agencia DPA, García Arredondo fue capturado por este caso en julio de 2011. La agencia alemana de noticias informa también que los familiares de desaparecidos, organizado en el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) consideran que el ex policía “está involucrado en centenares de desaparecidotes y asesinatos, pero solo por el caso de Sáenz logramos la orden de un juez para llevarlo ante la justicia”.
De su lado, la agencia EFE señala que ésta es la cuarta sentencia que dictan los tribunales guatemaltecos en contra de ex agentes del Estado por desapariciones forzadas durante el conflicto armado que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 y dejó unas 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.
De esas sentencias, la primera se dio en agosto de 2009 fue condenado a 150 años de prisión el ex militar Felipe Cusanero por la desaparición de seis indígenas entre 1982 y 1984 en la comunidad de Choatalun, en el departamento de Chimaltenango; la segunda, en octubre de ese mismo año, ex militares fueron sentenciados a 53 años de cárcel por la desaparición de ocho campesinos en 1981 en la jurisdicción de el Jute, en el oriental departamento de Chiquimula.
La última condena fue dictada en octubre de 2010 contra dos ex agentes de la Policía Nacional hallado culpables de la desaparición del dirigente universitario Edgar Fernando García, el 18 de febrero de 1984.