Que ocurra un asesinato más de periodistas, parece no ser noticia en nuestro país. Hace una semana supimos que Lydia Cacho se iba de México por amenazas provenientes, al parecer, del crimen organizado y apenas el fin de semana, un reportero gráfico de Chihuahua fue asesinado con un bat y con una arma punzocortante.
El exilio de Lydia Cacho, el asesinato de Ernesto Araujo y la persecución gangsteril de Sanjuana Martínez muestran la vulnerabilidad y el peligro que viven los líderes de la libertad de prensa. Esta situación ha sido denunciada por periodistas, organizaciones de derechos humanos e incluso organismos internacionales, sin embargo continúa la escalada del terror para los comunicadores; según la organización Artículo 19, en los últimos 12 años han ocurrido 72, asesinatos, de los cuales 47 han sido en este sexenio. A esta suma tendríamos que agregar el homicidio del reportero Ernesto Araujo Cano de El Heraldo de Chihuahua.
La búsqueda de un país verdaderamente democrático tendría que transitar por varios caminos, uno de los cuales es proteger, defender y garantizar la libertad de prensa; los ciudadanos tenemos el derecho irremplazable de conocer lo que sucede en el país, tener voces críticas que nos aporten preguntas, investigaciones que denuncien la maldad encubierta por el poder. Lydia Cacho escribió Los demonios del edén, y eso le costó que, a través de la colusión del empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, fuera ultrajada y apresada en Puebla.
Se ha evidenciado cada vez con más contundencia que los grupos del crimen organizado, son quienes mediante el uso de la violencia, impiden el desarrollo cotidiano del oficio de comunicar; coludidos en muchas ocasiones con las autoridades locales y federales que además han sido omisas respecto al incremento de la violación a los derechos fundamentales de los comunicadores.
El gremio de los periodistas no es el único que se encuentra tan amenazado, es parte de la realidad de un país en la que campea la impunidad. Para Edgardo Buscaglia la tasa de impunidad en el país es superior al 95 por ciento y según el gabinete de seguridad nacional, en México únicamente se castiga uno de cada 100 homicidios dolosos. En este contexto, no esperamos mucho del gobierno actual, pero es la obligación de los ciudadanos que quieren un país verdaderamente democrático impulsar la investigación de cada una de las amenazas y agresiones contra los periodistas; sólo así estaremos abonando a un país más justo.
¿Qué le queda a un comunicador, cuando escucha las palabras: “no te metas con nosotros o te vamos a mandar a casa en pedacitos” como lo escuchó Lydia Cacho? Sólo el exilio o autocensurarse. Sin embargo en los resquicios del poder fáctico, se encuentra la posibilidad de denunciar y diversificar la comunicación a través de nuevos canales. También nos queda seguir impulsando en la agenda del país el tema de la libertad de prensa y el derecho a estar informados.