Como cada día 19 de todos los meses, la Pastoral Laboral y otros organismos civiles recuerdan el accidente en el cual murieron 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.
En esta ocasión, la Pastoral Laboral ha denunciado las consecuencias de la minería irregular como una medida para la salvaguardar la vida e integridad de los mineros y sus familias; continúan también con la defensa y promoción de los derechos humanos laborales y, en particular, el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo.
La minería no regulada por las autoridades laborales competentes indigna a los trabajadores y sus familias, así como a las organizaciones que les acompañan. Ante las recientes difamaciones aparecidas en el periódico La Jornada, señalan «rechazamos tajantemente las calumnias contra nuestra compañera Cristina Auerbach, de Pastoral Laboral, aparecidas en el boletín informativo 38/2012 del día 12 de agosto de 2012 y signadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana; también aquellas escritas bajo la firma de Napoleón Gómez Urrutia, aparecidas el 16 de agosto en dicho periódico.
En un lapso de apenas quince días, entre los meses de julio y agosto de este 2012, han ocurrido cuatro accidentes en distintas minas que se han saldado con la muerte de 10 mineros, con lo cual suman cien trabajadores del carbón que han perdido la vida en las minas. Esto se debe principalmente a la extracción de ese mineral en “pocitos” o minas que no están verificadas por las autoridades competentes en materia laboral.
Este 19 de agosto, las organizaciones y los familiares de mineros recuerdan el caso de la explosión de la mina de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006 (donde murieron 65 trabajadores) mismo que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2010 y está en el trámite de su admisibilidad. Ante la ausencia de justicia en México, la nula voluntad del rescate de los cuerpos por parte del Estado mexicano y la repetición de accidentes a consecuencia de las pocas garantías de seguridad en las minas de la región carbonífera de Coahuila, las familias y los peticionarios continúan con su demanda de justicia.
Por eso, consideran, «el Estado mexicano sigue siendo responsable del no cumplimiento de medidas de seguridad por parte de las empresas mineras».