El día de ayer continuó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la discusión sobre los límites del fuero militar y sus implicaciones en torno a 30 casos que son analizados por el máximo tribunal del país, con la intención de generar criterios claros para el procesamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de civiles por parte de militares. En este contexto se definió por ocho votos contra dos que un juez civil de Morelia debe de juzgar a tres militares que sembraron marihuana en el vehículo de un civil para implicarlo en un delito. Sin embargo, sólo cinco de los ministros consideraron que ello se debe a que el delito involucrado no afecta a la disciplina o los bienes castrenses, independientemente de si hay víctimas civiles o no.
Esto significa que todavía no se puede tener un panorama claro en torno a las tendencias con que los Ministros de la SCJN definirán un tema fundamental para nuestro país y en el cual existen mandatos expresos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales para limitar la figura del fuero militar.
Otro de los casos abordados fue el de Bonfilio Rubio Villegas, defendido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Este indígena naua de 29 años, fue ejecutado extrajudicialmente el 20 de junio de 2009 por elementos del 93 Batallón de Infantería del Ejército, quienes, desde un retén militar, abrieron fuego en contra del autobús de pasajeros en el que viajaba, junto con otros 40 pasajeros, cerca Huamuxtitlán, Guerrero.
Según información de Tlachinollan «tras los hechos, el fuero militar atrajo las investigaciones aun cuando los familiares de Bonfilio expresamente se opusieron a ello. Ante esta determinación, Secundino Rubio Peralta y José Rubio Villegas, padre y hermano de la víctima, iniciaron un juicio de amparo, acompañados por Tlachinollan y el Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña (Mocipol), que en diciembre de 2011 fue resuelto a su favor».
La defensa y los familiares de Rubio Villegas, expresaron su preocupación «tras las discusiones preliminares realizadas en el pleno» y alertaron «sobre la posibilidad de que la SCJN no tutele el derecho de los familiares de Bonfilio Rubio Villegas a contar con un recurso adecuado y eficaz para impugnar la inconstitucional extensión del fuero militar en la investigación y el juzgamiento del homicidio del joven naua, y convalide la aplicación del fuero militar en el caso». Esto responde a las posiciones expresadas en la discusión de ayer por la Ministra Luna Ramos y los Ministros Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia, quienes, señala Tlachinollan en un comunicado, «cuestionaron la legitimidad procesal de los familiares de Bonfilio Rubio Villegas para acudir al juicio de amparo, pronunciándose en contra de aceptar que tengan el derecho de reclamar a través de un juicio de garantías la aplicación del fuero militar».
El argumento expresado por dichos ministros se basa en el entendido de que el hermano y el padre de Bonfilio no son víctimas en el caso pues asumen que no se les afecta ningún derecho por la intervención del fuero militar.Los ministros mencionados señalan que ninguna norma reconoce expresamente el derecho de las víctimas a iniciar un juicio de amparo en los supuestos del caso de Bonfilio, pues consideran que son distintos a los previstos en los artículos 20 constitucional y 10 de la Ley de Amparo.
La discusión en la Corte continuará el día de mañana, jueves 16 de agosto.