Las cárceles constituyen la última parte de la tan controvertida, estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, y sin embargo poco atendemos lo que ahí pasa. El 4 de enero en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al menos 31 internos murieron y trece más resultaron heridos tras una riña ocurrida en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) del municipio de Altamira, al sur de la entidad. Según fuentes oficiales lo ocurrido fue un enfrentamiento entre reos. Este es un caso grave, pero desgraciadamente hay muchos otros sucesos similares. Sin duda, estas desgracias han puesto en evidencia al sistema de justicia y muestran fehacientemente lo que sucede con la estrategia de seguridad, después que son arrestados los presuntos criminales.
Como si no fuera suficiente en el mes de febrero hubo otra masacre en Apodaca donde se asesinaron a 44 personas. Las muertes recientes muestran la grave ingobernabilidad que existe en los centros penitenciarios. Un experto afirma que las muertes son consecuencias del excesivo uso de la prisión preventiva, que se mezcla con la alta peligrosidad de reos vinculados al crimen organizado. Además queda evidenciado un sistema corrupto, donde las propias autoridades carcelarias fueron quienes permitieron la fuga en Apodaca; el ex director recibía 30 mil pesos por parte de los Zetas y sus subalternos entres 10 y 15 mil pesos mensuales.
La CNDH dio a conocer en días recientes que durante el 2011, murieron 171 reos en el país en 49 incidentes como riñas, homicidios, intentos de fuga, suicidios e incendios; en lo que va de 2012 han muerto 107 personas. Existe una grave negligencia al no crear condiciones donde se respeten los derechos humanos de los internos y existen problemas estructurales que presenta el sistema penitenciario en su conjunto. En este contexto la cárcel del municipio de Arteaga, Michoacán, fue cerrada y se anunció que también lo harán las cárceles municipales de Coalcomán, Coahuayana, Cd Hidalgo, Puruándiro y Huetamo. Las cárceles no cuentan con la infraestructura necesaria ni cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para seguir funcionando.
En este sentido, tiene mucho valor la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que afirma que la prisión preventiva no viola el principio de presunción de inocencia, siempre que haya un plazo razonable entre la detención y la sentencia además de que el encarcelamiento no sea la regla general para quienes vayan a ser juzgados. También la Corte fijó que los límites de la prisión preventiva serán de dos años, si después de este tiempo no se ha dictado sentencia, el procesado deberá ser liberado y enfrentar el juicio en libertad. Esta condición temporal resulta aún demasiado larga, por lo que es necesario un sistema de justicia más rápido y confiable, que sea capaz de resolver más casos en menos tiempo. Según el investigador Guillermo Zepeda, en una década, la aplicación de la prisión sin condena se ha duplicado hasta mantener un promedio de más de 90 mil personas encerradas sin juicio, es decir el 42 por ciento de la población penitenciaria del país.
En los cateos que se realizan habitualmente en las cárceles es común que se encuentren teléfonos para extorsionar, así como droga, dinero, armas “hechizas” y otras curiosidades por ejemplo, palomas mensajeras.
La red de corrupción que hace posible esta situación en las cárceles abarca en algunas ocasiones a las más altas autoridades de los penales y reafirman aún más que las cárceles son escuelas del crimen. No podemos permitir que las cárceles se privaticen como sucede en los Estados Unidos, ni tampoco que gran parte del presupuesto federal destinado a la seguridad nacional se destine únicamente a los centros penitenciarios. Es pues necesario que el próximo gobierno atienda a este sector de la población que sufre la violencia y tiene en riesgo constante su vida y su integridad. Son necesarios múltiples enfoques para una política adecuada hacia las cárceles, que logre rebasar esas propuestas miopes que sólo buscan crear más cárceles y tener más aparatos tecnológicos para vigilar.