Ejidatarios de Tila -al norte de Chiapas-, anunciaron ayer en conferencia de prensa que este miércoles marcharán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de exigir a esa instancia judicial les restituya 130 hectáreas de tierras expropiadas hace más de 30 años.
Durante la conferencia de prensa ofrecida este martes en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, aseguraron “estamos aquí por la ilegal expropiación de 130 hectáreas de nuestras tierras ejidales desde 1980, cuando la quincuagésima legislatura del estado emitió un decreto, publicado en el diario oficial del gobierno local, durante la gubernatura de Juan Sabines Gutiérrez, padre actual gobernador Juan José Sabines Guerrero. Por lo que interpusimos un amparo en 1982, el 259/82 que tuvimos que esperar 26 años para ganarlo. Pero los responsables no quieren obedecer la orden judicial que se emitió desde octubre de 2008”.
Los habitantes del Ejido tila iniciaron una caravana desde Chiapas, que tiene como objetivo de estar presentes en la SCJN este 2 de agosto, cuando resolverá de manera definitiva el incidente de inejecución de sentencia del amparo 259/1982, dictada en favor del Ejido Tila el 17 de octubre de 2008, por el Juez Primero de Distrito en el estado de Chiapas.
Dicho amparo protege al ejido contra los actos inconstitucionales realizados por el Gobierno y Congreso estatal al emitir el Decreto 72, “respecto a los 130-39-53 hectáreas de la Zona Urbana (caserío) que ilegalmente se consideró como fundo legal”[1]. De la misma manera contra actos de dominio promovidos por el Ayuntamiento Municipal de Tila y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, al avalar de manera ilegal la compra y venta de tierra ejidal.
Sin embargo, las autoridades se han negado a acatar la orden judicial federal, por lo cual son los responsables de la violación a las garantías del ejido. Por estos motivos el Ejido Tila promovió el incidente de inejecución de sentencia ante la SCJN, mismo que recayó bajo el número 1302/2010, y que se encuentra en la lista de discusión del Pleno de la Corte este jueves.
Además de la falta de protección judicial, las autoridades ejidales han recibido diversas amenazas de muerte y a su integridad personal por parte de personas relacionadas con funcionarios del ayuntamiento de Tila, para que desistan de defender su derecho a la tierra y el territorio. A pesar de estos actos, la Asamblea Ejidal -como autoridad máxima del ejido- ha determinado continuar con el trabajo de defensa de sus derechos como pueblo indígena Ch’ol.
Diversas instancias internacionales han legislado sobre el tema y el Estado mexicano ha signado convenios como el 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y está enterado de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto la SCJN, como institución del Estado mexicano, tiene el deber de respetar dichos instrumentos que son parte de nuestra legislación interna.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hicieron un llamado a las y los integrantes de la SCJN ha salvaguardar los derechos colectivos del pueblo indígena Ch’ol, particularmente el que tienen sobre la tierra y el territorio que les permite la reproducción social y simbólica de su existencia y que representa el medio en el que se desarrollan la formas tradicionales de organización comunitaria, la cultura, la lengua, el control sobre los recursos naturales, entre otros derechos ligados a la autonomía y autodeterminación que deben ser tutelados de manera efectiva por todas los poderes del Estado.