El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlalchinollan” y la Red Guerrense de Organismos Civiles y familiares de los estudiantes normalistas Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, ejecutados extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2011 en la autopista del sol -mientras se manifestaban para exigir más recursos para las normales rurales- externaron su preocupación por el amparo otorgado a dos policías ministeriales acusados de esos hechos, ya que considerar que esto podría dejar en la impunidad los homicidios de ambos estudiantes.
En ese mismo sentido, Destacaron que en el caso Ayotzinapa no se ha procurado justicia a cabalidad, puesto que solamente éstos dos funcionarios públicos fueron acusados penalmente por los delitos y las violaciones a derechos humanos cometidos en contra de los normalistas, quedando impunes las detenciones arbitrarias y torturas cometidas en contra de varios estudiantes.
Mediante un comunicado difundido en su portal, el CDH Tlalchinollan informó que en días pasados fue notificado de la concesión de dicho amparo: “la resolución dictada por el Juez Primero de Distrito en el estado, que ordena al Juez Penal de Primera Instancia dictar un nuevo auto en el que determine la situación jurídica de los acusados respecto de su liberación o su sujeción a proceso. Lo anterior significa que el Lic. Leoncio Molina Mercado, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, deberá resolver de nueva cuenta si los dos policías ministeriales permanecen en prisión para ser juzgados o si, por el contrario, recuperan su libertad”, sostiene el documento.
Los defensores hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen en cuenta las pruebas contenidas en el expediente del caso Ayotzinapa, en las que se consigna que los dos normalistas fueron alcanzados por armas disparadas en el lugar donde se encontraban los policías que actualmente están detenidos, por lo que ante el cúmulo de pruebas existentes, el juez está obligado a dictar un nuevo auto de formal prisión.
Por último, el Centro Tlalchinollan responsabilizó al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de cualquier acto de agresión u hostigamiento que pueda perpetrarse en contra de los familiares, los estudiantes y en contra quienes integran las organizaciones de derechos humanos que les acompañan por exigir la sanción de los policías ministeriales responsables y, en general, por demandar justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas el 12 de diciembre.