A cinco años de la detención arbitraria de Hugo Sánchez, segunda entrega

Segunda y última parte.- El  23 de julio de 2007, cuando Hugo pagó su fianza, un policía se dirigió a la casa de Laura Isidoro, quien junto a León Sánchez, sufrió un robo en marzo de 2007. El policía le mostró las fotos ilegales de Hugo. La menor dijo reconocer a Hugo ante el Ministerio Público de Villa Victoria. Lo mismo haría León Sánchez días después.  Ambos contradijeron su primera declaración rendida en marzo, en la cual habían afirmado que no podían identificar a sus captores.

reforma-hugoSin importar las múltiples irregularidades en la investigación, el Ministerio Público ejercitó acción penal contra Hugo y el Juez Sexto de Primera Instancia Penal de Almoloya giró orden de aprehensión.

Por su parte, Hugo y su padre, Don Antonio fueron citados tramposamente fuera del palacio municipal de Villa Victoria el 8 de agosto de ese mismo año. El motivo era reclamar los abusos contra Hugo y los daños al taxi. Al llegar, esperaban a Hugo un grupo de ministeriales con la orden de aprehensión por secuestro.

Recluido en el penal de Santiaguito, el joven mazahua observó con cierta esperanza como las víctimas se retractaron ante el juez y aceptaron que fueron presionados para señalarlo como su plagiario. Los testimonios de quienes vieron a Hugo trabajar en faenas comunitarias durante los días en que supuestamente cometió el delito, parecían abrir la puerta para su liberación.

En marzo de 2009, el Juez dictó una sentencia de 37 años y 6 meses de prisión en su contra. Meses después, en apelación, la Primera Sala Colegiada Penal confirmaría la condena pese a las múltiples violaciones a los derechos procesales de Hugo. Ello se abonaría a los 5 años impuestos desde 2008 en el proceso federal  seguido por portación de armas.

En mayo de 2011, con apoyo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Hugo y su familia interpusieron amparos directos contra las sentencias injustas. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso en octubre pasado. Después de cinco años, Hugo y su familia siguen esperando que el Máximo Tribunal haga justicia.