El pasado 2 de julio, Valentina Palma, estudiante chilena y una de las 47 mujeres a quienes agentes del Estado mexicano infringieron tortura sexual durante el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, recibió en su correo electrónico un mensaje anónimo en el cual se le amenazaba por denunciar esos hechos, se informó en conferencia de prensa este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Con lenguaje procaz, el remitente desconocido hizo mención de la tortura sexual a la que fueron sometidas Valentina y 46 mujeres más en los autobuses de las fuerzas policiacas del estado de México. Entre otros fragmentos, el remitente anónimo recuerda: “ (…) tuviste mucha suerte porque ese día pudiste ser violada por todo mi equipo, no nos dio tiempo solo había 2 horas y media de camino (…)” (sic).
En la rueda de prensa estuvieron presentes Bárbara Italia Méndez, víctima de la tortura sexual durante el operativo del 2006; Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional México; José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez así como Clemencia Correa, catedrática de la Universidad Autónoma de la ciudad de México.
Ante estas nuevas amenazas, el Centro Prodh -acompañante legal de las 11 mujeres denunciantes- responsabilizó al Estado mexicano de la integridad de Valentina y de las mujeres que han denunciado ante organismos internacionales las violaciones a sus derechos humanos; subrayó que la amenaza contra Valentina “el hostigamiento y la agresión es para todas las denunciantes de tortura, ya que éstas han tenido el valor de exigir justicia por las violaciones a sus derechos humanos”.
Los participantes de la conferencia, informaron que en el contexto del examen a México por parta del Comité Cedaw, un representante del Estado mexicano anunció en Nueva York nuevas consignaciones, las cuales fueron hechas sin informar a la representación jurídica de las Mujeres de Atenco.
Asimismo, responsabilizaron al Estado mexicano de la integridad y seguridad de todas las mujeres sobrevivientes de tortura sexual y esperamos que éste sea declarado responsable por no garantizar a las mujeres denunciantes un efectivo acceso a la justicia.