El Presidente Felipe Calderón en su primer discurso, el 1 de diciembre de 2006, destacó el tema de la “seguridad”, mismo que había tenido un bajo perfil durante su campaña y declaró: “Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas”. Se trató de un discurso programático, en el que ya se anunciaba que el 11 de diciembre de 2006, se realizaría un operativo en contra del crimen organizado en el estado de Michoacán. Sin embargo, a cinco años y medio, y a punto de terminar el sexenio se han incrementado cuantitativamente los delitos y las agresiones a la ciudadanía.
Esta “batalla contra el narcotráfico” en la que han sido constantes las violaciones a los derechos humanos no ha dado los resultados esperados. En los ciudadanos impera la percepción de inseguridad y la confusión sobre lo que se debe hacer. El tema económico ha sido tratado de manera superficial en la estrategia contra la inseguridad y se ha privilegiado la detención de los grandes capos, eso sí, sin que se detenga a uno que reviste una gran importancia: el Chapo Guzmán.
Investigadores han sacado a la luz que ni un solo circuito financiero del narcotráfico ha sido desmantelado por el Gobierno Federal; la periodista Nancy Flores Nández, reveló que de 2007 a 2010 solamente fueron incautados 5, 274.5 millones de pesos al narcotráfico. Esto representa 0.25 por ciento de sus ganancias estimadas. Los cárteles de Sinaloa, Tijuana, el Golfo, Los Zetas, Juárez, los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana habrían ganado por lo menos 5 571 428 000 dólares anuales cada uno. Para tener una idea aproximada de las ganancias millonarias que obtiene el narco, la cantidad obtenida por estos, representa nueve veces más lo que obtiene el grupo empresarial más importante del país, el grupo Carso, de Carlos Slim.
Mientras que al país llegan anualmente entre 19 mil y 29 mil millones de dólares como remesas del narco, sólo hay 112 personas consignadas por lavado de dinero en México entre 2007 y 2010. Estos resultados son del todo insuficientes, mientras que Colombia ha incautado más de trece mil 400 millones de pesos mexicanos durante 2011. En México, desde la promulgación de la Ley Federal de Extinción de Dominio en 2009, la PGR, sólo ha iniciado 10 procedimientos de los cuales ha logrado ganar uno y en 2012 no se ha iniciado ninguno de estos procedimientos.
Además, el investigador Edgardo Buscaglia ha manifestado que el problema del dinero no sólo está en las redes financieras o el lavado de dinero, sino también en miles de empresas. Existe infiltración en diferentes empresas como flotillas de transporte, almacenes, sistemas de distribución y centros de producción. El investigador también manifiesta lo grave de las múltiples actividades económicas del narcotráfico en donde el Estado no actúa, por ejemplo cuando obligan a un propietario a escriturar sus tierras ante un notario; es una transacción en la economía criminal real, sin que ningún tipo de institución controle, prevenga y combata ese tipo de transacciones.
Todo esto nos lleva a pensar que efectivamente el costo en vidas humanas y en presupuesto federal ha sido tan alto para los mexicanos, al tiempo que muy poco se ha hecho para atacar las entrañas del narcotráfico. Resulta de capital importancia que al próximo Presidente de la República le exijamos además del irrestricto apego a los derechos humanos, una estrategia que vulnere las finanzas y negocios del crimen organizado.