El pasado viernes 22 de junio, el jefe del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, firmó el decreto por el cual se promulgó la Ley de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Las organizaciones de la sociedad civil que hemos participado en el proceso de elaboración de dicha Ley, saludamos su promulgación. Para nosotros las personas defensoras y periodistas, este momento marca sin duda una nueva etapa, ya que lo más difícil está por venir: garantizar la efectiva implementación del mecanismo creado por la Ley.
El Presidente Calderón, reconoció la importancia de defender los derechos humanos y ejercer la libertad de expresión, por lo que aseguró, el periodismo es pieza clave del régimen de libertades de las cuales tendrían que gozar las y los mexicanos, paralelamente, reconoció que existen ataques, intimidaciones y amenazas provenientes del crimen organizado. Le recuerdo amablemente al Presidente Calderón que – si bien es cierto que el crimen organizado también es autor de ataques, amenazas e intimidaciones – en muchos de los casos son las mismas autoridades, por acción u omisión o aquiescencia, las que violentan los derechos de las personas defensoras y periodistas; y es más preocupante aún cuando son las mismas autoridades encargadas las que no investigan diligentemente dichas violaciones, elevando así la impunidad a un nivel indignante. Por ende, la investigación será un elemento primordial al que habrá que darle el debido seguimiento, ya que todos los actos de amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas deben de ser investigados.
Además, el jefe del Ejecutivo Federal, reconoció la labor que desempeñan las personas defensoras y periodistas para la consolidación
de la democracia mexicana. Sin embargo, Señor Presidente, le recuerdo que para garantizar la seguridad e integridad de las personas defensoras y periodistas en el país, los avances normativos deben tener un impacto concreto, es decir, la Secretaría de Gobernación debe de garantizar que la Ley sea implementada eficazmente, respetar los plazos establecidos para instalar los órganos, así como para la elaboración de los reglamentos, manuales y protocolos previstos consultando activamente a las organizaciones de la sociedad civil, y en particular, a aquellas que han estado impulsando dicha Ley.
Finalmente, y ante las próximas elecciones, es importante recordarle Señor Presidente, el deber de su administración de priorizar la elaboración de un plan de transición a fin de garantizar la continua implementación y funcionamiento efectivo del mecanismo, durante y después del futuro cambio de gobierno.
Por José René Paz,
Colaborador del área internacional del Centro Prodh