En entrevista para La Jornada, José Rosario Marroquin Farrera, director del Centro Prodh, fue contundente al señalar las razones por las cuales los centros de derechos humanos se oponen a la figura del arraigo:
«Tener que encontrarle pruebas de culpabilidad a una persona arraigada es una invitación a la tortura, además de que es una detención arbitraria y va contra la presunción de inocencia. Es absurdo defenderla, pero el mensaje que en realidad quiere transmitir el Estado es que tiene todo el poder y lo va a ejercer cuando y como quiera».