La salida del país del padre Alejandro Solalinde representa un fracaso del Estado en su deber de proteger a las personas; en segundo lugar, es una fuerte llamada de atención sobre la vulnerabilidad en la que están las defensoras y defensores de las garantías individuales y colectivas, señaló ayer Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Durante una entrevista, afirmó:
«Eso también significa una falla importante de la capacidad de reacción del Estado para generar protección inmediata a quienes desarrollan la labor de defensa (…) hay que ver qué ha dejado de hacer el Estado para que poderes fácticos se hagan cargo del control de territorios completos amenazando la vida de personas concretas».
El ombudsman capitalino inauguró el Primer encuentro internacional de atención psicosocial a víctimas de la violencia social «México lindo y herido», en el que manifestó su esperanza de que la aplicación de la Ley General de Víctimas ayude a generar mejores condiciones para la prevención y persecución de los eventuales delitos, que tienen que ver con los atentados a las defensores y defensores.