El día 30 de marzo los y las afectadas por la construcción de la Presa Picachos en Sinaloa iniciaron una movilización para exigir el pago de indemnizaciones y el cumplimiento de los acuerdos establecidos por parte de la CONAGUA, el gobierno federal y el estatal. Sin embargo, el 1 de abril, el gobierno del estado de Sinaloa, a través de los cuerpos de élite de la policía estatal, desalojó a las más de 200 personas que participaban en la jornada de protesta. Ahí, detuvieron a 120 compañeros y compañeras: 80 fueron regresados a sus comunidades, quedando retenidas 45 personas; posteriormente, fueron liberados dos y 20 llevados a la Procuraduría Estatal. Por último fueron liberadas dieciséis personas, pero se les inició averiguación previa.
El día 9 de abril, se dictó auto de formal prisión a cuatro manifestantes, quienes están acusados de obstrucción a las vías federales de comunicación y se encuentran en la Penitenciaria de Culiacán, Sinaloa. Sus nombres son Octavio Atilano Román Tirado (dirigente del movimiento), Hortensia Gutiérrez Zamora, José Isabel Ozuna Lizarraga y Oscar René Ozuna Díaz.
Ante estos graves hechos de criminalización de la protesta social, el día de ayer, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), emitió una acción urgente para exigir al gobierno la liberación de las y los defensores detenidos el 1 de abril. ¡Firma la acción urgente! Escribe a Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa; Francisco Manuel Córdova Celaya, Secretario de Seguridad Pública Estatal; y a Juan José Ríos Estavillo, Director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa; y pídeles que pongan fin a la intimidación; recuérdales que la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos reconoce la legitimidad de sus acciones y su derecho a realizar su labor sin obstáculos ni represalias.