El 30 de marzo de 2012, en el marco de su 144 Periodo de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió modificar el mandato de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes, a cargo del Comisionado Felipe González. El nuevo mandato está enfocado en el respeto y garantía de los derechos de los migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana.
Según el boletín de prensa emitido por este órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), los flujos migratorios mixtos presentes en la región se caracterizan por incluir migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y víctimas de trata de personas. Las categorías de los migrantes son diversas y se diferencian, entre otras razones, dependiendo de si su situación migratoria es regular o irregular; así como por las razones que conllevaron a su migración, como es el caso de aquellos que migran por razones económicas, políticas o ambientales.
Asimismo, recalcó que, a pesar de que la mayor parte de la atención en términos de migración se centra en la migración internacional, la movilidad humana también plantea grandes desafíos en términos de migración interna. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se calcula que los migrantes internos representan aproximadamente 740 millones de personas a nivel mundial, lo que significa que la migración interna representa casi cuatro veces la cantidad de migrantes internacionales. Más allá de los desafíos propios que conlleva la migración interna, el desplazamiento interno forzado presenta los mayores desafíos para la vigencia de los derechos humanos. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, para finales de 2010 se estimaba que había cerca de 5.4 millones de desplazados internos en el continente americano como consecuencia de conflictos armados, violencia generalizada y violaciones de derechos humanos.
Así, la CIDH ha identificado algunos de los desafíos más apremiantes que genera la movilidad humana en materia de violaciones a los derechos humanos. Entre otros, destaca la criminalización de los migrantes en situación irregular; las situaciones que plantean en términos de protección los flujos migratorios mixtos; la denegación de protección judicial y de garantías procesales en procedimientos migratorios; la violencia y las violaciones masivas de derechos humanos generada por parte de actores no estatales, tales como organizaciones de la delincuencia organizada, cárteles del narcotráfico, maras o grupos paramilitares. Otros de los desafíos que se dan alrededor de la movilidad humana en el hemisferio tienen que ver con la persecución y la violencia a la que están sujetos grupos en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, las niñas, los y las adolescentes, las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, los afrodescendientes y los indígenas. Asimismo, fenómenos como la migración como consecuencia del cambio climático, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el desplazamiento interno son otros de los desafíos que requieren respuestas en materia de derechos humanos.
En vista de lo anterior, la ampliación del mandato de la Relatoría servirá para institucionalizar la práctica tácita que durante los últimos años ha venido a ocupar la Relatoría al trabajar en peticiones individuales, casos, medidas cautelares y provisionales e informes temáticos y de países que involucran a solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes de protección complementaria y apátridas. Asimismo, será útil para reforzar el trabajo que históricamente ha desarrollado la Comisión en la protección de los derechos humanos de otros grupos vulnerables de personas en el contexto de la movilidad humana, tanto a nivel internacional como interno.