En México la voz de los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, sigue sacudiendo nuestras conciencias; aún existen cuerpos que no han sido identificados y sus familiares todavía lloran por ellos. Hace casi dos años, la noticia de las muertes de 72 migrantes despertó a muchos que aún no sabían que cada año miles y miles de personas migrantes en situación irregular son secuestradas, torturadas y vilmente asesinadas. Ante esto, el dolor ha conllevado también a que muchos mexicanos se preocupen y dediquen sus vidas a aquellos que bajan de “La Bestia” en la búsqueda del sueño americano. Algunas de estas preocupaciones las transmitieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La desaparición de migrantes y los abusos a discapacitados y personas privadas de su libertad fueron los temas que abordaron organizaciones de derechos humanos el pasado 23 de marzo en la sede de la CIDH en Washington, D.C. En este encuentro se denunció «la falta de claridad y de esfuerzos» en México a la hora de identificar a los restos de migrantes desaparecidos; Candelario Castillo, cuyo hijo desapareció en un autobús que transportaba migrantes que se dirigían a Estados Unidos cuando iba por Tamaulipas, dijo: «Mi hijo está desaparecido con 20 más y las autoridades mexicanas no han hecho absolutamente nada».
El problema, entonces, sigue siendo el secuestro de migrantes, principalmente hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Los tres reportes anuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han mostrado sucesivamente que los secuestros de migrantes siguen en ascenso, pues al menos 20 mil son secuestrados cada año. Uno de los defensores que no ha dejado de denunciar el genocidio que estamos presentando en México es Alejandro Solalinde, quien desde Ixtepec, Oaxaca, no sólo ha dado de comer a los migrantes, sino que ha ofrecido su voz para denunciar lo que viven desde que llegan a México. Durante el segundo aniversario del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Universidad Iberoamericana Puebla, apremió a defender a los centroamericanos de las mafias, conformadas por funcionarios, policías municipales, agentes federales y miembros de la delincuencia, para que no les arrebaten sus sueños, ni violen sus derechos humanos.
Según cifras oficiales, a partir del año 2005 se han venido reduciendo el número de migrantes indocumentados, pues las devoluciones efectuadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) pasaron de 223 mil a 64 mil en el 2011; sin embargo, queda la posibilidad de que los migrantes hayan ampliado con éxito las rutas para evadir a la delincuencia y al crimen organizado. También es pausible considerar que la disminución se ha debido al clima de inseguridad que se muestra no sólo en las vías del tren, sino en las calles y avenidas principales de buena parte de las ciudades mexicanas.
La denuncia ante la CIDH es una muestra del fracaso del gobierno actual en seguridad, pues ha mostrado una grave incapacidad e ineficacia para asegurar la vida de quienes cruzan el territorio nacional. La audiencia temática es, entonces, otra gran oportunidad para seguir urgiendo al Estado mexicano respuestas que no permitan evitar más muertes de migrantes centroamericanos. Por último, no queremos dejar de mencionar que alabamos la labor de Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia A.C. y Humanidad Sin Fronteras A.C.), quien junto con otras organizaciones de familiares de desaparecidos nos siguen recordando la voz de los muertos en San Fernando que claman justicia.