¿A quién le temes más, a los soldados o a la policía? En estos días es difícil acertar a la opinión pública sobre esta interrogante. El Ejército había gozado de una gran credibilidad hasta hace unos años, que su presencia se ha vuelto conflictiva por las expresiones de violencia que la sociedad ha sufrido. En cambio, hasta fechas recientes las policías municipales y estatales habían jugado un papel secundario en la estrategia de seguridad de Felipe Calderón.
Sorprende que en el mes de febrero hayan muerto sólo 34 personas como consecuencias de los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas con civiles. En los últimos meses, los registros de asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas marcaban que el mes de octubre había sido el del registro más bajo con 50 muertes, mientras que el mes de enero de 2011 había tenido el más alto con 83. El registro ha sido el mismo y curiosamente sólo hay 14 víctimas caídas por el Ejército, mientras que se ha incrementado a 17 el número de asesinatos cometidos por miembros de la Policía Federal. Además, el número de personas asesinadas por “evento”, es decir en una sola agresión, también ha bajado, pues en meses pasados solían morir grupos de 3 ó 4 “presuntos criminales”, “agresores” o “sicarios” como les suele llamar la prensa.
El descenso en el número de muertos se da en el marco de lo dicho por Calderón, respecto a que la defensa de los derechos humanos es un principio indeclinable que no puede ser sacrificado por otro principio como el de la seguridad pública: «Es necesario y esa es mi convicción que es posible, tenemos que hacerlos absolutamente compatibles». Además, admitió abusos de parte de fuerzas federales y señaló que en la nueva etapa de la estrategia de seguridad aquellos que violen los derechos humanos recibirán el castigo que la ley establece. Destacó también que los casos en que los militares han incurrido en violaciones a los derechos humanos no dan para que pueda sostenerse que se trate de una cuestión ni sistemática ni que obedezca a políticas institucionales.
Aunque estas declaraciones pudieran mover a esperanza, lo cierto es que ésta es vana. Si bien hay un descenso en el número de asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas, éste se compensa con el incremento en el número de muertos a manos de policías municipales o estatales; un ejemplo es el de Tepic, el 27 de febrero, Monterrey 6 de marzo, Saltillo el 7 y 11 de marzo, y así una larga lista que repiten el esquema militar de «muertes colaterales».
También en este clima de inseguridad favorecido por las instituciones del Estado, las policías han abonado a otro tipo de abusos, de manera similar a los militares; por ejemplo, los policías municipales de Ciudad Juárez dispararon el 6 de febrero contra una mujer y su hijo de 10 años porque la conductora no se detuvo al momento en que los patrulleros le marcaron el alto. El menor de edad fue trasladado al Centro Médico de Especialidades donde fue intervenido quirúrgicamente, pero perdió dos dedos y otras lesiones a consecuencia de las balas.
Con estos hechos, es posible afirmar que las policías simplemente se han vuelto sustitutas de las Fuerzas Armadas, para pretender seguridad, pero sin derechos humanos. Las policías han vuelto a su papel represor, posterior a la guerra sucia; sin duda no hay alternativa para elegir en esta guerra contra el narcotráfico.