La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y contra la delincuencia organizada a partir de diciembre de 2006, ha consistido en la realización de los llamados operativos que, al principio, sólo se llevaban a cabo en unos cuantos estados de la República, pero ahora ya están presentes en la mayoría. Además, se sabe que, de manera no oficial, algunos elementos del Ejército, tanto en activo como en retiro, han sido llamados a dirigir secretarias de seguridad pública o direcciones de policías estatales.
Décadas atrás, el Ejército se caracterizaba por servir en tiempos de desastres, mismos que, incluso, la sociedad agradecía; además, participaba en elocuentes desfiles y recalcaba siempre estar en resguardo de la soberanía. Gracias a estas acciones, se ganó un espacio privilegiado en el respeto de la ciudadanía y, de hecho, aún ahora se encuentra valorado dentro de las primeras instituciones del país.
Sin embargo, su participación en tareas que no le corresponde está poniendo en riesgo su misión principal. La visión de las Fuerzas Armadas está en responder a “(… ) amenazas externas e internas, que pongan en riesgo la consecución y/o mantenimiento de los objetivos nacionales”, por lo que no resulta fácil mantener las condiciones técnicas y disciplinarias para hacerlo. Por otra parte, dentro de su marco conceptual más básico no se encuentra la garantía de los derechos humanos, pues claramente en su misión de mantener la soberanía nacional tenderán a soslayarlos en función de un bien que consideran superior. Las tareas realizadas por el Ejército manifiestan una carencia de formación en derechos humanos que no puede ser reparada formando algunos cuadros “al vapor”.
Indicadores del riesgo que muestran que el Ejército es un peligro en las calles, son el caudal de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde las quejas y recomendaciones hacia esta institución se han disparado de una manera dramática. Por otro lado, el número de militares inmiscuidos con la delincuencia organizada también es alarmante; uno de los últimos fue el General retirado, Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien fungía como Subsecretario de Seguridad Pública en Quintana Roo y, previamente, como jefe de la policía operativa de la Fiscalía General de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira. Así como el general Cícero, hay otros 51 militares que han cooperado con los grupos delictivos del “Chapo Guzmán”, Los Zetas, El Golfo y La Familia.
No se puede dejar de mencionar la responsabilidad que han tenido por los casi 60 mil “presuntos delincuentes”, “sicarios”, policías, soldados, marinos y civiles que han fallecido como “daños colaterales” por la guerra de Calderón. Utilizar al Ejército como método de control del narcotráfico se ha prestado a incrementar una dinámica de violencia que no parece tener fin. Por sus innumerables violaciones a los derechos humanos, podemos afirmar que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas, pero tampoco han hecho un esfuerzo significativo por estar capacitados en el tema, ¿incapacidad estructural? Recientemente, el Ejército tuvo una intromisión en el Centro de Derechos Humanos Gerardi, de la ciudad de Torreón, Coahuila, lo cual es una clara muestra de hostigamiento por las denuncias que valientemente han presentado los defensores y defensoras de derechos humanos.
En conclusión, México, como Estado democrático, no puede seguir dejando que el Ejército siga en las calles.