Como todos sabemos, la crisis en el penal de Apodaca ha llamado la atención sobre la situación que a diario viven las personas que se encuentran en situación de detención en México. La sobrepoblación, el hacinamiento, la presencia de menores de edad, entre otras graves violaciones detectadas, indican que el panorama es mucho peor que lo que ya vaticinaban los organismos internacionales que han accedido a las prisiones mexicanas.
La situación es tal que, como dimos a conocer el día de ayer en el Sididh, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Señora Navy Pillay, pidió al Estado mexicano prestar atención a la problemática y evitar que algo como lo ocurrido en Nuevo León suceda nuevamente. Sin embargo, sabemos que esto sólo será posible mediante la implementación de reformas con perspectiva de derechos humanso (al parecer, en México no se ha entendido que las personas privadas de la libertad tienen derecho a una vida digna y, de hecho, en teoría se encuentran en procesos de reinserción social).
Afortunadamente, las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional se han pronunciado de manera constante y solidaria sobre el tema, haciendo un llamado al Estado mexicano a ocuparse de garantizar la vida y la integridad a cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano, sin importar la situación jurídica en la que se encuentre. En este sentido, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Cadhac) volvió a emitir un pronunciamiento para señalar que los traslados de los presos no solucionan la crisis del sistema penitenciario de Nuevo León; asimismo, recordó que lo sucedido en Apocaca es sólo consecuencia de los numerosos motines y asesinatos que desde antes se producían en los penales de la entidad.
En este sentido, Cadhac recalcó que las autoridades no deben solucionar el problema mediante el uso de la fuerza: «Medidas como traslados irracionales y poco fundamentados de personas privadas de libertad, a otros centros penitenciarios no hacen más que alterar los ánimos de los internos que ya han sido testigos de múltiples brutalidades y muertes y no saben a qué destino los envían». No obstante, esto implica que las autoridades asuman el compromiso de no cometer más abusos y, por ende, de comenzar una profunda reforma en el sistema penitenciario actual, permeado de corrupción e impunidad. Tal y como lo señaló Cadhac, las medidas que se tomen deben alejarse de la violencia estereotipada y discriminatoria, por lo que las acciones estatales deben ir acompañadas por un auténtico esfuerzo de democratización de las políticas públicas de seguridad y justicia.
Por otro lado, Amnistía Internacional deploró y lamentó el fallecimiento de 47 personas que se encontraban bajo custodia de las autoridades, y consideró que es de suma importancia que se aclaren los hechos y que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Asimismo, señaló que «Las autoridades tienen el deber y la obligación de garantizar que las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios mantengan un adecuado nivel de seguridad y respeto a la integridad de los reclusos de conformidad con los estándares internaciones en materia de condiciones de reclusión, como las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas».