El pasado lunes 20 de febrero, Amnistía Internacional envió una carta dirigida al Secretario de Gobernación Alejandro Poiré Romero, en la cual, de manera enérgica, le recuerdan que aún hay muchos pendientes respecto a la defensa de los defensores de derechos humanos y de algunos temas y casos en particular.
Entre los temas que menciona Javier Zúñiga Mejía Borja, representante de Amnistía Internacional, destacan los siguientes: el 20 de febrero de 2012 se cumplen tres años del día en el que los defensores de los derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron hallados muertos en Tecoanapa, estado de Guerrero. Como es de su conocimiento, ellos eran, respectivamente, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas me’phaa (tlapanecos) y nasavi (mixtecos). Tres años después de tan graves incidentes, su caso continúa en la impunidad y, paralelo a ello, Amnistía Internacional se encuentra estudiando un nuevo caso de abuso contra otro de los líderes de esta misma organización.
De acuerdo a los defensores de derechos humanos, la carta refiere que los abusos que hoy siguen enfrentando los defensores y las defensoras de derechos humanos en México continúan siendo graves, frecuentes e impunes; entre otros, por ejemplo, están siendo víctimas de asesinato e intento de asesinato, amenazas, intimidación y criminalización.
Otro de los temas tocados fue el de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ambientalistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD),quienes desde el 7 de diciembre de 2011 son víctimas de desaparición forzada. Sus hijos continúan en la búsqueda pero a causa de ello también han sido objeto de intimidaciones.
Para el Centro Prodh, esta acción de Amnistía Internacional es un nuevo precedente en la defensa de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes también son mencionados: “están encarcelados los líderes indígenas y defensores comunitarios del agua, de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla desde el 13 de enero de 2010. Ambos han sido sentenciados a casi siete años de prisión y actualmente esta decisión está siendo revisada a través de un recurso de amparo. Al momento de su detención ellos estaban ejerciendo los cargos de Presidente Auxiliar de Atla y Juez Menor de Paz tras haber sido elegidos como tales por su comunidad. Uno de sus principales proyectos era lograr proveer de agua potable a toda la comunidad a través de la instalación de los correspondientes tubos y tomas de agua en cada casa.”
Proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado mexicano establecida en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. Esto incluye la obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos.
Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno, refiriéndose al quehacer del Secretario de Poiré, es imprescindible, en palabras de Amnistía, poner en marcha un mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos que merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades. Así mismo, la organización señaló que es necesario que las autoridades federales y estatales garanticen el fin del mal uso del sistema de administración de la justicia que sigue prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos.
