Deshumanización y corrupción: causas de muertes en el penal de Apodaca, N.L.

Familiares de Apodaca buscan información
Ante la tragedia, familiares de presos luchan por información

El domingo en la madrugada, una riña entre grupos rivales, presuntamente provocada para encubrir una fuga masiva, terminó con la vida de 44 personas presas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca, Nuevo León. Según la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Cadhac), éste no es un hecho aislado, sino que ocurre en un «continuo y perverso proceso de deshumanización de los centros penitenciarios».

Cadhac recordó cómo es que el 20 de mayo del 2011, en una situación hasta la fecha no aclarada, hubo 17 personas calcinadas, mientras que en el mismo año se reportaron cerca de 60 personas presas muertas en Nuevo León. A pesar de estos datos, las autoridades no tomaron las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de las personas privadas de su libertad, así como del personal que labora en estos centros, haciendo entonces, que fuera posible que la nueva tragedia ocurriera.

Cabe señalar que, además de las muertes, se tiene conocimiento de que en los centros de readaptación social ocurren torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como distintas formas de violencia y corrupción. Repudiando los hechos sucedidos, Cadhac recuerda que las cárceles limitan la libertad ambulatoria de quienes ahí se encuentran, pero en ningún momento deben destruir su dignidad como seres humanos. Por lo tanto, Cadhac exigió:

  • La entrega inmediata de los nombres de las víctimas e información certera sobre la integridad física de quienes se encuentran privados de la libertad.
  • Una investigación pronta, imparcial, profesional y transparente sobre los hechos sucedidos.
  • Medidas de no repetición de los hechos.

Esta organización terminó su comunicado señalando que «En el contexto local existe, como en muchas partes de las Américas, la idea de que los presos no tienen derechos o de que sus vidas no tienen igual valor al del resto de la población. Es imprescindible que las autoridades recuerden que tienen claras obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos».