Ayer, Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República, inauguró la segunda Unidad de Protección a los Derechos Humanos. En este acto, el subprocurador de Atención a Víctimas y Derechos Humanos de la PGR, Miguel Ontiveros Alonso, informó que las quejas presentadas únicamente tienen que ver con faltas al debido proceso:
«No son violaciones a los derechos humanos, no tenemos en este momento ningún caso de tortura o de violencia física manifestada por alguna de las personas arraigadas hacia el personal».
Las quejas, en realidad, han sido menores, dice el funcionario federal:
«Se trata de solicitudes y exigencias relacionadas principalmente con el debido proceso; por ejemplo, acceso a llamadas telefónicas, a que los abogados puedan consultar el expediente, las visitas familiares y situaciones similares», como que extranjeros e indígenas no habían contado con traductor.
