El viernes 3 de febrero, mientras Norma Andrade, vicepresidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, se disponía a llevar a su nieta a la escuela, fue abordada por un hombre que, sin mediar palabra, la hirió con un objeto punzocortante en la Ciudad de México. Norma había salido de su natal Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando en diciembre fue víctima de una agresión con arma de fuego que puso en peligro su vida, por lo que se le habían dictado medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los hechos ocurridos muestran la grave vulnerabilidad en la que se encuentran las y los defensores de derechos humanos en México, quienes no cuentan con garantías mínimas para llevar a cabo la labor que desempeñan con seguridad de su vida y de su integridad. En este sentido, el atentado contra Norma es muestra de la falta de responsabilidad de las autoridades del Estado mexicano para responder a los clamores de quienes ven violentados de manera cotidiana sus derechos humanos.
Las organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDTT) condenaron el atentado y la omisión en el cuidado de parte de las autoridades que derivó en este grave hostigamiento. Señalaron que, «Según información recibida, el domicilio Norma Andrade en el Distrito Federal era conocido por solamente por las autoridades federales y estatales, en el cual fue relocalizada por seguridad tras el ataque sufrido en diciembre pasado». Por lo tanto, la Red TDTT exigió claridad y coherencia con el Acuerdo para la implementación del Mecanismo que Felipe Calderón le presentó a Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues más allá de sus declaraciones públicas, lo cierto es que el Mecanismo no se ha implementado y carece de contenido.
Por otra parte, organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Nuestras Hijas de Regreso a Casa y otras más, también condenaron el ataque y deploraron la omisión de las autoridades para implementar de manera eficaz las medidas cautelares. Por lo tanto, exigieron al Estado actuar con celeridad para implementar cuanto antes un mecanismo efectivo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos.
En el mismo sentido se pronunció la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien en un comunicado señaló: «La ONU–DH insta a las autoridades a desarrollar investigaciones serias, expeditas y diligentes sobre estos hechos como una medida eficaz para prevenir los riesgos y disuadir las agresiones que padecen las y los defensores de derechos humanos en el país. De conformidad con el Acuerdo Presidencial de julio del 2011 y en atención a una de las siete líneas de acción anunciadas por el Presidente de la República el pasado 9 de diciembre en las que se destaca la importante labor de las y los defensores de los derechos humanos y se reconoce la necesidad de protegerles, la ONU-DH hace un llamado respetuoso al Estado mexicano para acelerar la creación, junto con la sociedad civil, de una respuesta institucional que brinde seguridad a todas las personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos».
