Han pasado tres años desde que la Empresa Minera Excellon de México, S.A. de C.V., subsidiaria de ExcellonResources, Inc. de Canadá, firmara el contrato de ocupación temporal de 1,100 hectáreas de uso común con los habitantes de Ejido de La Sierrita en Durango, mismo que a violado en distintas cláusulas.
Por ello, el pasado lunes 30 de enero del presente año, integrantes del Comisariado Ejidal y un grupo de ejidatarios y ejidatarias del núcleo ejidal “La Sierrita de Galeana”, ubicado en el Municipio de Tlahualilo, Durango, se reunieron con los representantes de la Minera Canadiense Excellon, para comenzar las pláticas de Revisión del Contrato sobre la ocupación temporal de 1,100 hectáreas de Uso Común.
Las cláusulas del contrato son las siguientes:
- La ocupación temporal de 1,100 hectáreas por 30 años con el pago de 5 mil pesos por hectárea.
- El pago de un fondo de 3 millones de pesos por parte de la empresa para obras, servicios y proyectos de índole social. Se irá acrecentando año tras año con medio millón de pesos extra.
- El otorgamiento de 600 mil acciones comunes de la empresa, por los daños previamente ocasionados.
- La implementación de un programa de becas escolares para jóvenes de educación media y media superior de la región.
- El compromiso de que Excellon de México no establecerá en territorio de la Sierrita de Galena alguna “planta de procesos químicos” para evitar contaminaciones.
Las cláusulas del contrato quedaron protocolizadas ante notario público, con la anuencia de representantes del gobierno del estado de Durango, haciendo caso omiso a los acuerdos de vecindad que se promovieron desde su origen, y que hoy los coloca, de acuerdo a los estipulado en varias de las clausulas -sobre todo en aquellas en donde La Empresa ha caído en violaciones flagrantes-, en serio riesgo de la recisión del contrato y el inicio de una nueva lucha por la defensa de su tierra y territorio.
Este problema inició en mayo de 2004 en Asamblea General Ejidal, cuando se aprobó el arrendamiento de cuatro hectáreas de tierra de uso común por 300,000 pesos por hectárea en total por un plazo de 30 años (1,200,000 pesos) a la minera Excellon de México, S.A. de C.V. Sin embargo, sin voluntad otorgada por la Asamblea General, en otra reunión los representantes del comisariado ejidal firmaron con Excellon un contrato por el arrendamiento de 27 hectáreas por el mismo plazo de 30 años al precio de las cuatro hectáreas autorizado inicialmente por la Asamblea General Ejidal.
En febrero de 2007, la minera ofreció al ejido “comprar” otras 2700 hectáreas, pero pagarles únicamente 1,100 hectáreas a 25,000 pesos cada hectárea. Por tal motivo, los ejidatarios han decidido defender sus tierras y entrar en un proceso de renegociación para el aprovechamiento y el uso de sus tierras por parte de la mina, mantenerse con dignidad y no permitir que les amenacen con expropiarles las tierras si no se las venden.
El uso de las 27 hectáreas para la exploración minera ha generado diversos daños como socavones y deforestación de cerros, lo cual produce la devastación de vegetación como el mezcal, magueyes y lechuguillas que son utilizadas para la elaboración del mezcal, mecates, zacate y garrochas para uso de los ejidatarios.
Además, en el túnel de explotación de los recursos minerales, fluye agua contaminada al aire libre, misma que es vaciada en tierras propiedad del ejido, creando así una laguna aproximadamente de un metro veinte centímetros de profundidad que provoca el deterioro de la flora y perjudica a la fauna de la región.
Sin importar las clausulas estipuladas en el contrato de responsabilidad social de la empresa minera para con los y las habitantes del lugar, se dejaron de lado las promesas de empleo, una planta tratadora de agua que evite la contaminación de suelos comunes y parcelados del ejido, así como el ofrecimiento de varias concesiones, que ayudarían al mejoramiento de algunos aspectos comunitarios.
Los Ejidatarios solicitaron a la empresa iniciar un proceso de nueva negociación que detenga las violaciones a los derechos humanos y renueve el espíritu de los compromisos firmados, así como que se revisen las insuficiencias que se tienen y que, evidentemente, el ejido no pretende dejar pasar ni encubrir.
Finalmente, empleados de la empresa se presentaron el lunes 30 de enero en el ejido sólo para demostrar que están dispuestos a tener una abierta confrontación y, en consecuencia, expresar su negativa para escuchar y negociar sobre sus propios incumplimientos. De esta forma, dejaron en claro que las violaciones en las que han incurrido las defenderán bajo su ya sabido abuso de poder.
Ésta ya es una práctica constante entre las empresas mineras de origen canadiense en México. Así como en “La sierrita de Galeana”, como informábamos el 25 de enero en este mismo espacio, una problemática similar es la que se vive en San José del Progreso, Oaxaca, donde la empresa Minera Fortuna Silver, ha incurrido en graves violaciones en materia de derechos humanos en contra de los habitantes de la región.
Cabe mencionar nuevamente que en San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a su población son amparados por las autoridades municipales y estatales del estado de Oaxaca. Hoy también esto ocurre en Durango, donde de nueva cuenta el gobierno recae en acciones que perjudican a la gente de nuestro país, permitiendo la entrada por la puerta grande a las empresas extrajeras, a pesar de los agravios cometidos para los fines que plantean estas.
No sólo es “La Sierrita” en Durango o San José del Progreso en Oaxaca, todo México padece ya de este mal, ley sin ley, autoridades a modo, que sólo responden a sus propios intereses y no a las verdaderas necesidades de todos los mexicanos.
Por: Miguel Maestro
