Alfredo Chávez Pérez, de 32 años de edad, fue detenido arbitrariamente por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México, quienes le fabricaron pruebas para inculparlo por el delito de robo de auto. Desde el momento de su detención, Alfredo fue víctima de violaciones al debido proceso; además, no contó con una defensoría pública adecuada. El 17 de noviembre de 2010 fue sentenciado por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia, quien a pesar de la falta de pruebas dio validez al testimonio de una víctima, a pesar de que ésta declaró no haberlo reconocido plenamente. Posteriormente, el 31 de enero de 2011 la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, confirmó la sentencia.
Este caso es una muestra más de los patrones de criminalización de la pobreza, detención arbitraria y abusos policíacos para realizar acusaciones falsas, ausencia de controles judiciales de legalidad y debido proceso, violación de derechos humanos y reclusión injusta, entre otras deficiencias estructurales del aparato de Procuración y Administración de Justicia en el Estado de México. Por lo tanto, el 23 de agosto del 2011, con apoyo del Centro Prodh, la familia de Alfredo Chávez interpuso un amparo directo contra esta resolución como último recurso legal para recuperar su libertad.
En este sentido, cabe reconocer la actuación de los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, integrado por Antonio Legorreta Segundo, Mauricio Torres Martínez y Rubén Arturo Sánchez Valencia, fungiendo éste último como poniente del proyecto en al amparo directo 205/2011. El amparo fue concedido de manera lisa y llana debido a la insuficiencia de pruebas por lo que la liberación de Alfredo Chávez se realizó de manera inmediata. Sin duda, su resolución es importante porque contribuirá a rectificar los errores cometidos por el aparato de procuración y administración de justicia en un contexto como el del Estado de México, en el que la discriminación, la fabricación del delito y la criminalización de la pobreza son prácticas sistemáticas.
Desde el Centro Prodh, recordamos que aún están pendientes de resolver los casos de Luis Manuel Vargas Castillo, también encarcelado injustamente y cuyo proceso se encuentra actualmente en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal. Por otro lado, está el caso de Hugo Sánchez Ramírez, que atraído por la SCJN, puede sentar criterios que limiten la discrecionalidad de los cuerpos policiacos, la fabricación de delitos, la criminalización de la pobreza y garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.