Algunas cuentas pendientes de Calderón

Militares de Ojinaga

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) declaró ante el Congreso el pasado 25 de enero que en 2011 murieron 43 personas inocentes en la lucha del gobierno contra el crimen organizado. Estas muertes nos muestran el nivel de horror que se ha alcanzado con la estrategia del Ejecutivo federal contra la delincuencia. Las muertes de este tipo que han encontrado mayor visibilización son las de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y la de los niños Bryan y Martin Almanza, de cinco y nueve años de edad, respectivamente, quienes fueron asesinados por soldados en un retén de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Desde el Centro Prodh hemos registrado en el monitoreo de medios y nos hemos encontradoalgunos casos que son sólo muestra representativa del abuso sistemático de las Fuerzas Armadas:

  • El 2 de septiembre  de 2011 fue asesinado en su domicilio Gustavo Acosta Luján, de 30 años, en Apodaca, Nuevo León; los cuatro integrantes de la familia Acosta que sobrevivieron a ese operativo declararon que los responsables fueron miembros de la Armada de México y que estos confundieron el domicilio pensando encontrar a “El M-3”. Al día siguiente, la prensa informaba sobre la muerte del M-3, como un ajuste de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada.
  • En ese mismo mes, pero el día primero, en la comunidad del Bejuco, en el Estado de México, murió un civil que se encontraba en medio del fuego cruzado. De la misma forma, el 28 de octubre en Guamuchil, Sinaloa, reportaron a tres personas que se cruzaron durante el combate y perdieron la vida.
  • Otro caso, muy particular fue el sucitado el 21 de noviembre en Hermosillo, Sonora, cuando un sujeto que dijo ser militar desde hacía ocho años, asesinó a tres mujeres e hirió de gravedad a una bebé de siete meses. Los hechos ocurrieron por un reclamo que hicieron las mujeres al vecino militar.

A pesar de contar con esta información, sería muy importante que la CNDH ampliara más su información y abriera un espacio de diálogo sobre los criterios utilizados para determinar quiénes son tales víctimas. Las personas que son asesinadas en medio de conflictos armados entre el Ejército, la Marina o la Policía Federal contra grupos armados suelen ser catalogadas como «presuntos agresores» o «presuntos delincuentes». Después, no vuelve a aparecer en los medios de comunicación los resultados de las investigaciones efectuadas por sus muertes; es decir, no se llega a saber si las personas asesinadas se encontraban de manera accidental en el lugar o si eran criminales que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas.

Los civiles agresores asesinados pretenden ser una prueba fehaciente del compromiso de las Fuerzas Armadas de Felipe Calderón con la seguridad de los mexicanos; sin embargo, resultan contraproducentes cuando no se demuestra a la sociedad objetivamente y a través de los causes institucionales que murieron después de haber hecho lo imposible porque no fuera así. Y en tanto, parece que estos indicios sólo son la punta de un iceberg que esconde los horrores, tales como los señaló el día de ayer el periódico Reforma: ejecuciones extrajudiciales, tortura, homicidios…