El pasado lunes, 23 de enero por la madrugada, se llevó a cabo un operativo policiaco en el CERESO de Saltillo, Coahuila, en el que fuerzas federales y estatales, tras previo acuerdo con el gobernador y el Secretario de Seguridad Pública Federal, ingresaron para decomisar armas, alcohol y drogas.
El uso desproporcionado de la fuerza pública se hizo evidente cuando el espacio de la capilla de la Iglesia Católica fue profanado. En un boletín de prensa, don Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo, denunció que «el Sagrario fue destruido, las Hostias Consagradas fueron botadas al suelo y maltratadas. El Copón que las contenía también quedó arrojado en el piso». Esto constituye, sin duda, una violación a los derechos humanos de toda la colectividad que pertenece a esta religión y que, además, cuenta con una personalidad jurídica ante el Estado mexicano que le permite profesar su fe.
Los hechos resultan indignantes porque violan los derechos a la libertad religiosa, así como los derechos que gozan las personas privadas de su libertad, reconocidos por la Constitución mexicana, así como la Ley Federal que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
Por lo tanto, el día de hoy a las 11 de la mañana se estará llevando a cabo un acto de desagravio afuera de las instalaciones del CERESO. Esto, con la esperanza de que las autoridades adviertan que han profanado el derecho a la libertad religiosa y a la práctica del culto. Asimismo, se buscará promover la integralidad de la vida humana y la riqueza de los bienes espirituales para la convivencia de la sociedad.