El día de ayer, 15 de enero, se cumplieron 40 años de la ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez, luchador social de Chihuahua. Hasta la fecha, el crimen perpetuado en contra de Diego, así como el asesinato de los estudiantes el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 continúan impunes. También han quedado sin justicia las más de mil 200 personas detenidas y desaparecidas, las decenas de ejecuciones extrajudiciales y las torturas propinadas en el periodo conocido como «guerra sucia». A la luz de la historia, ahora podemos observar que la estrategia del miedo tenía como fin la desmovilización social, aún a costa de violar los derechos humanos.
El 16 de enero de 1972, fue detenido Diego Lucero Martínez, después de un triple asalto bancario realizado en la ciudad de Chihuahua. Existen testigos de que se encontraba con vida en manos de las fuerzas policiacas y de que luego fue interrogado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que encabezaban el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro. Según palabras de la Fundación Diego Lucero, la ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez, como las de decenas de hombres y mujeres que se comprometieron a transformar la sociedad y enfrentar un sistema anti democrático y autoritario que controlaba y oprimía las luchas populares, es uno de los delitos de lesa humanidad que permanecen impunes.
Cabe destacar que ante la negación de justicia en México, familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos que los acompañan en este largo camino de lucha contra el olvido, han acudido ante organismos internacionales como una manera de presionar al Estado mexicano para que cumpla con sus obligaciones legales y constitucionales. Ejemplo de ello es Rosendo Radilla, detenido – desaparecido en 1974 y por cuyo caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, sentando así un precedente para avanzar en la justicia en los casos de desaparición forzada del pasado.