Como nuestras y nuestros lectores recordarán, el pasado 12 de diciembre estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, realizaron un bloqueo a la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, a la altura de Chilpancingo, en demanda de una audiencia con el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en el contexto de un conflicto interno que mantiene las clases suspendidas desde el 2 de noviembre. Los estudiantes repudiaban el nombramiento como director de Eugenio Hernández García, a quien acusan de represor. El bloqueo fue duramente saboteado por policías federales y estatales y, como resultado del abuso policial, murieron dos personas: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Estos graves hechos fueron en su momento repudiados por más de 200 organizaciones civiles de todo el país, pero fueron las organizaciones de Guerrero las que han dado un seguimiento más puntual a los hechos. Como resultado de su documentación de los hechos, Tlachinollan, el CCTI, la Red Guerrerense de DH y el CDH Jose Mª Morelos, lanzaron ayer un informe preliminar sobre estos hechos titulado “El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”, en alusión a las declaraciones de Ramón Arriola, jefe del operativoal periódico El Sur de Guerrero el mismo día de los hechos.
En el informe se describen en particular los hechos del 12 de diciembre de 2011, pero también se ofrece un contexto de la situación en la Normal de Ayotzinapa, tanto desde una perspectiva histórica, como en su relación con el actual gobierno estatal. En cuanto a las violaciones de derechos humanos del día 12 de diciembre se describen de manera pormenorizada la ejecución extrajudicial de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, la detención arbitraria de 24 personas seguida de tratos crueles en su contra, las violaciones graves a la integridad personal de al menos ocho personas detenidas y tres heridos de bala así como la tortura en contra de Gerardo Torres Pérez.
En sus conclusiones el Informe exige el esclarecimiento e investigación de las violaciones a DH ya referidas, así como un reconocimento de responsabilidad por parte del gobernador. De la misma forma, se pide la atención médica para los afectados y la depuración de los cuerpos policiacos implicados, además de la revisión del modelo de seguridad vigente. Finalmente, se plantean algunas preguntas fundamentales para aclarar un hecho sumamente grave en donde se perdieron vidas humanas:
¿Quién estaba al cargo del operativo?, ¿Cuál fue la línea de mando?, , ¿Cuáles fueron los lineamientos de las policías estatales y federales acerca del uso de la fuerza, y, en particular sobre el uso de sus armas?, ¿Quién dio la orden de abrir fuego y con qué criterios?, ¿Por qué individuos vestidos de civiles armados con fusiles automáticos, aparentemente miembros, de la policía ministerial -una corporación investigativa – estaban presentes sin insignia alguna pero, al parecer disparaban armas de alto calibre en dirección a los manifestantes? Los policiales federales que maltrataron a los manifestantes en el momento de su sometimiento, así como los mandos que lo permitieron ¿han sido suspendidos mientras se deslindan, responsabilidades?, ¿los policías rendirán cuentas por la supuesta coacción denunciada por al menos 10 detenidos contra Gerardo Torres Peña para accionar un arma sembrada y para auto incriminarse?