En días pasados, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer que ha documentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de ejidatarios y vecinos de Busiljá que son adherentes a La Otra Campaña.
De acuerdo a la información recibida, el señor Elías Sánchez fue detenido cuando se encontraba con su esposa y su hijo trabajando en su terreno. En este acto participaron dos policías estatales y 15 integrantes del Partido Revolucionario Institucional, quienes lo golpearon en el abdomen mientras amenazaban a su esposa con violarla sexualmente. Elías señala que lo llevaron a una montaña, donde lo siguieron golpeando y luego llegó hasta el Ministerio Público, donde al negarse a declarar, fue golpeado con puños y patadas. A pesar de negarse a declarar, fue trasladado al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 Playas de Catazajá, donde se encuentra actualmente recluido en condiciones de hostigamiento y sometimiento a tratos crueles e inhumanos. Por su parte, la esposa efectivamente fue violada sexualmente.
Meses antes, en el mismo ejido de Busiljá, hombres acompañados por quince elementos de la Policía Estatal Preventiva irrumpieron en el domicilio de la señora Elena Morales y se llevaron a su hija Gabriela, de sólo ocho años de edad. Cabe señalar que, hasta el momento, no se ha hecho nada para ubicar su paradero. En otro evento, Pablo Sánchez Gutiérrez, joven de 15 años de edad, desapareció el 4 de octubre de 2011, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas. Pablo es también familiar de Elías y su desaparición, según testimonios, se da en el marco de hostigamiento y amenazas a sus familiares.
Ante esta serie de graves acontecimientos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exige al Estado mexicano y, en particular, a la Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas, investigar de forma urgente los hechos denunciados por los integrantes de La Otra Campaña del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, y de manera inmediata garantice la integridad personal de las víctimas. Asimismo, que investigue y sancione a los responsables de los actos de detención ilegal, tortura, violación sexual, desplazamiento forzado, amenazas y hostigamiento. Finalmente, consideró que «la situación urgente en el Ejido Busiljá implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los instrumentos internacionales como son el derecho: a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, protección judicial y debido proceso; así como, a la observancia de Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que definen los derechos y garantías ante el desplazamiento forzado, por lo que se está violentando el respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la libertad de transito y de residencia; conocimiento de destino y paradero de familiares; intimidad, privacidad y vida familiar; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes entre otros».