El día de ayer, 22 de noviembre, distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron el Informe sobre las condiciones de las personas migrantes, desplazadas y defensoras de derechos humanos en Tenosique, mismo que documenta lo registrado en la Misión de Observación Civil llevada a cabo en octubre de este año.
Jorge Fernández, del Equipo Indignación, señaló que en Tenosique pudieron constatar el grave descobijo que existe de parte del Estado mexicano hacia la labor que cotidianamente realizan las y los defensores de los derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Usumacinta (CDHU) y de La 72 Hogar – Refugio para personas migrantes (La 72). En el caso de la comunidad guatemalteca proveniente de Nueva Esperanza y que se encuentra en situación de desplazamiento forzado en la frontera de Tabasco, destacó que es sumamente grave el hecho de que a 90 días de haber ingresado a México, continúen viviendo en una situación crítica que pone en riesgo su vida, su salud y su integridad.
Por su parte, Agnieszka Raczynska, Secretaria Ejecutiva de la Red TDTT, fijó una postura de olidaridad y defensa de los defensores y defensoras del CDHU y de La 72. Denunció que las y los defensores en Tabasco se encuentran en un contexto de violencia que no garantiza el derecho a defender los derechos humanos, por lo que su denuncia constante contra las violaciones a derechos humanos, como el secuestro y la trata de personas pone en riesgo su vida y su integridad. Por lo tanto, demandó a las autoridades gubernamentales cumplir con la implementación de las medidas cautelares, realizando los rondines policiacos correspondientes, instalando el alumbrado público y una línea telefónica; sin embargo, señaló que lo más urgente es la difusión de una campaña de no criminalización ni de las personas migrantes ni de sus defensores.
Diana Martínez, de la organización civil Sin Fronteras, destacó el trabajo de documentación realizado por la Misión Civil de Observación y señaló que es importante que la sociedad se sensibilice ante la problemática de corrupción que irrumpe y permea las instituciones del Estado y que se concreta en violaciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes. Destacó que, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de abril a septiembre de 2010 se registraron más de 11 mil víctimas de secuestro y cuestionó a la nueva ley de migración, que con un enfoque de seguridad nacional, no pondrá fin a la detención prolongada ni a los operativos de verificación migratoria.
Por su parte, Fray Tomás González, del CDHU y de La 72, destacó que el olvido es lo que caracteriza a la frontera sur de México, lugar en el que existe el tráfico de armas, drogas y personas. Asimismo, señaló que ese territorio es bastante fructífero para los grupos de la delincuencia organizada quienes han generado un contexto de violencia, guerra y autoridades corruptas y coludidas. En relación a la comunidad desplazada, señaló que el 18 de noviembre pasado se llevó a cabo la última mesa de negociación, en la que las víctimas no aceptaron los términos del gobierno guatemalteco. Manifestó, además, que el 15 de diciembre es la fecha límite para llegar a un acuerdo con esta población, aunque al parecer no habrá ninguna solución definitiva.
Ante esta situación, José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a hacerse cargo de lo que constitucionalmente les corresponde, es decir, de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de las personas migrantes, de la comunidad desplazada y de quienes defienden los derechos humanos en Tenosique, Tabasco.