Con más de 300 mil damnificados y prácticamente el quinto año consecutivo de inundaciones, los tabasqueños se enfrentan, además del riesgo de perder su patrimonio por la crecida de los ríos, al peligro de que el gobernador Granier les quite su casa. Se trata pues, de la administración de la desgracia.
Tabasco se encuentra nuevamente sumido en el desastre, sin haberse recuperado de los años anteriores. En 2007 hubo un millón 200 mil damnificados y en estos días suman más de 300 mil; se trata de la segunda ocasión en cinco años que hay más daño, en términos numéricos; sin embargo, las desgracias generalmente se desplazan no en un orden estrictamente racional y previsible, por lo que aún no podemos cantar victoria. En los últimos quince días el número de personas que han visto su casa inundada era de algunas decenas de miles. Ahora mismo, aunque los niveles de los ríos han bajado un poco, los tabasqueños se encuentran en peligro latente, pues las lagunas, pantanos y esteros están hasta el borde de agua y hasta que deje de llover podrán sentir el alivio de no ver afectado su patrimonio.
La disputa por determinar el número de afectados que vimos en días recientes protagonizados por el ejecutivo federal y el ejecutivo estatal es por el presupuesto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Por eso no es contradictorio que el gobernador se encuentre “inflando” el número de damnificados, aunque sí es en extremo cínico, cuando él es corresponsable de lo que pasa en el estado del sureste, tanto por lo poco que ha hecho para evitar más daño, como por los presuntos manejos corruptos e irresponsables del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT). Ejemplo de estas irregularidades es que en cada inundación que acecha se ha dado prioridad a los costales llenos de arena que sirven como una barrera momentánea a la presión de los ríos; y así es que el paisaje urbano se encuentra caracterizado por costales que han costado varios cientos millones de pesos que han terminado en la basura.
No podemos dejar de mirar el sufrimiento de la gente por la pérdida de sus animales de traspatio, las cazuelas de la cocina, el refrigerador, o incluso la vida. Además, está la amenaza de un gobierno que actúa según las previsiones del momento, sin atender a proyectos integrales que sean de larga duración, fundamentados en estudios técnicos profesionales: el año pasado “se les ocurrió” abrir canales de alivio, es decir, romper el cauce de los ríos para que de manera deliberada inundara cientos de hectáreas y comunidades enteras a su paso. El canal de alivio fue abierto con trabajadores y policías, estos últimos para controlar y golpear a los ciudadanos que luchaban por su patrimonio.
Por si fuera poco, después de las inundaciones viene otro shock: el de despojar a los pobres de sus tierras y de sus casas. Las causas de la inundación no son atribuibles a los asentamientos de los pobres; sin embargo, así lo ha hecho creer el gobierno estatal, quien busca proveerse de una imagen caritativa al ofrecerle a miles de pobladores una casa a cambio de las tierras que habitan. A pesar de los chantajes, mucha gente ha resistido a las presiones y la que ha sucumbido se han encontrado con el horror de unas casas demasiado pequeñas que además no cuentan con ninguna prerrogativa legal. El engaño fue rotundo, pues los habitantes desplazados se encontraron con un contrato que los hacía acreedores a una suma de dinero a cambio de morar en una casa que no quedaría en su patrimonio. Una burla completa de despojo, pues los que quisieron regresar a sus casas encontraron muros rotos y techos abiertos.
Resulta muy iluminador que 844 pobladores de Chalco hayan conseguido audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quejarse de las inundaciones que sufrieron en el año 2010 en las que tiene responsabilidad la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). En esta línea, le queda la tarea a la sociedad civil de Tabasco de fundar y presentar las denuncias correspondientes por los daños invaluables que han tenido los tabasqueños.