13 de octubre 2011/Sididh.- En las últimas décadas en México se ha venido consolidando un sistema de derechos humanos que, con sus subsistemas regionales, busca ser garante de todos los derechos individuales y colectivos. Las luchas de los pueblos y el anhelo de las personas de vivir en una sociedad liberada del temor y de la miseria se han vuelto tangibles en declaraciones, convenciones y órganos de tratados que, hasta el momento, funcionan basados en la buena fe de los Estados nacionales.
En nuestro país, de manera creciente y constante, las organizaciones de derechos humanos han acudido a estos organismos con el fin de contribuir a la construcción de condiciones en las que sea posible vivir de acuerdo con los objetivos trazados por nuestras mismas sociedades, mismas que aspiran a ser democráticas en todos los ámbitos de la vida.
Con frecuencia, las organizaciones envían información a relatores del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano sobre asuntos que corresponden a sus respectivos mandatos. Ha habido también interés por ofrecer información que permita valorar la situación de derechos humanos en México. Ejemplo notable de cómo estos procesos han logrado articulaciones, es la información y la participación durante el Examen Periódico Universal realizado en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2009.
Estos procesos han permitido que en el mundo sea conocida la situación mexicana y sean realizadas algunas sugerencias para que al interior exploremos vías que propicien el acceso a los derechos humanos. En el ámbito del Sistema Interamericano, se han llevado a cabo procesos con una instancia vinculante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual han derivado sentencias cuyo grado de cumplimiento, a pesar de los dichos del gobierno mexicano, es variable y ha encontrado dificultades diversas.
Un balance de estas experiencias quizá resulte muy apresurado; sin embargo, es posible pensar que este tipo de esfuerzos tropieza actualmente con la resistencia de los Estados nacionales a rendir cuentas de sus actos ante la ciudadanía; sobre todo, a aquella que se va construyendo en los intercambios que ponen en contacto las diversas luchas que por todo el mundo tienen lugar. No se trata solamente de pedir cuentas a los propios gobiernos, sino de poner en cuestión las tiranías y las opresiones que ocurren por parte de quienes detentan el poder con independencia del lugar en que éstas acontecen.
La Corte Penal Internacional no ha sido una instancia explorada por las organizaciones civiles mexicanas. De aquí la relevancia que este proceso puede llegar a tener frente a la problemática que enfrentamos actualmente y cuyos efectos trascienden los límites nacionales. Es necesario un proceso arduo de documentación y de argumentación para que se pueda concluir con resultados favorables para la construcción de una sociedad equitativa, democrática, libre, justa y pacífica. Lograr este proceso es una responsabilidad de toda la sociedad en México, porque los procesos sociales no son obra de personas iluminadas, sino resultado de convergencias y de esfuerzos sostenidos cuyas bases están en el clamor de justicia que surge de quienes son las personas más afectadas y vulneradas por la violencia criminal, política y económica.