En la noche del pasado viernes 6 de octubre de 2011, Pedro Leyva Domínguez, delegado de la comunidad indígena del pueblo nahua de Santa María Ostula, miembro de La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales, de la Guarda Comunal de Santa María Ostula y representante de Santa María Ostula del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, fue asesinado por, según fuentes, grupos paramilitares.
Según la acción urgente emitida por la Asociación Jalisciense de apoyo a los grupos indígenas, esta agresión se da a unos días que la comunidad concluyó una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno a la negociación que está sostendiendo entre las partes del conflicto en el que participa, también, el gobierno del estado de Michoacán. Esta acción se suma a las descritas como “contrainsurgentes” por la misma comunidad, a manos de grupos militares, policiacos y narco paramilitares, así como una constante presión por abandonar las tierras recuperadas.
Es importante resaltar que en septiembre de 2010, la comunidad obtuvo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para algunos de sus miembros; gracias a una audiencia entre este organismo interamericano, la comunidad, organizaciones y redes de derechos humanos, (destacándose la RedTDT) y los representantes del gobierno federal y estatal de Michoacán; en ésta, el principal punto a trabajar fue la seguridad de las autoridades comunitarias, debido al temor y riesgo fundado que corren.
Santa María Ostula se encuentra asediada por grupos paramilitares desde el 29 de junio de 2009 tras la recuperación de alrededor de 1,300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita Michoacán. Ante los ataques a manos de grupos armados, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal reivindicando su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
Firma la Acción Urgente, y súmate a la Campaña Alto a la Guerra Contra Ostula, exortando a las autoridades de gobierno competentes que se den cumplimiento a las medidas dictadas por la CIDH, el cese del hostigamiento militar y paramilitar, entre otras acciones.