El día de ayer, el Centro Prodh se reunió en Ginebra con las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al Agua, a una Vivienda Digna y a Defender los Derechos Humanos, para presentar información sobre dos casos: el de Lomas de San Francisco Tepojaco, en el Estado de México y el de la Supervía Poniente de Cuota, en el Distrito Federal.
Las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al Agua, a una Vivienda Digna y a Defender los Derechos Humanos se mostraron interesadas en los casos presentados por el Centro Prodh y formularon preguntas acerca de la situación actual de ambos casos. Encabezadas por expertos internacionales independientes, estas Relatorías tienen la posibilidad de reaccionar enviando comunicaciones y solicitudes de información al Estado mexicano para exigir el respeto por los derechos de las poblaciones afectadas.
El primer caso mencionado se refiere a las graves violaciones a los derechos a la vivienda adecuada y al medio ambiente sano perpetradas en contra de 45 mil personas que habitan el conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco en Cuautitlán Izcalli. Las viviendas que integran dicho fraccionamiento son de interés social y fueron edificadas por licitación pública, realizada por el gobierno del Estado de México, que favoreció a las constructoras Profusa Cuautitlán S.A. de CV., CAME S.A. de C.V. y Desarrollo Metropolitano (DEMET) S.A. de C.V. Desde que las viviendas fueran ocupadas, presentaron fallas estructurales, hundimientos, fisuras y filtraciones de agua, situación agravada por las recientes lluvias en esa entidad. Asimismo, el conjunto urbano se encuentra a escasos metros de un tiradero de basura que constituye un foco de contaminación y enfermedades. Las vialidades, el sistema de agua potable y alcantarillado, han presentado también afectaciones graves.
El segundo caso tiene que ver con las diversas violaciones a derechos humanos ocasionadas por el proyecto de construcción de la Supervía Poniente de Cuota en el DF, obra además seriamente cuestionada por académicos y expertos en temas de planeación urbana, medio ambiente y transporte. El proceso de preparación del proyecto se ha caracterizado en todo momento por la opacidad, la falta de cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a la construcción de obras, así como de la normatividad ambiental, incluso utilizando a la fuerza pública para reprimir a las y los vecinos que pacíficamente se mantienen en protesta con el fin de evitar daños irreparables a sus derechos y su comunidad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 1/2011 relativa a la Supervía, exigiendo la suspensión inmediata de la obra; sin embargo, el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard se niega a cumplir la citada recomendación.
Ambos casos han sido denunciados ante las autoridades mexicanas correspondientes, pero al no obtener de éstas la protección a sus derechos fundamentales, las y los afectados se han visto en la necesidad de acudir paralelamente a instancias internacionales.