Distintas organizaciones campesinas e indígenas que participan en el Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria (PIDAASSA) y otras agrupaciones, expresaron ayer en rueda de prensa su preocupación por la situación de violencia que padecen numerosas familias del campo que, a causa del enfrentamiento entre grupos delincuenciales, de la militarización creciente por la fallida estrategia gubernamental y por la corrupción existente, se han visto forzados a abandonar sus pueblos y pertenencias para salvar sus vidas.
Estas familias, que cultivan y producen sus propios alimentos, se encuentran en regiones de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Cuando se ven obligadas a salir de sus tierras, llegan a refugiarse en lugares donde las condiciones de vida son adversas y donde no cuentan con los recursos necesarios para adaptarse y alimentarse. Por lo tanto, es necesario que el Estado brinde seguridad previniendo que la gente tenga que desplazarse y castigando efectivamente las agresiones contra estas personas: “Esta situación de familias desplazadas y del campo abandonado, jamás vista ni vivida antes, nos obliga a exigir al gobierno que garantice la seguridad de familias, comunidades y pueblos, en sus vidas y bienes, y los derechos a la alimentación, a la educación, a la tierra y el territorio, reconocidos en la Constitución”.
Por último, las organizaciones llamaron a los tres niveles de gobierno a garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y luchan porque se garantice la soberanía alimentaria: “Llamamos al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales, a que asuman su responsabilidad y detengan la violencia en el país, con estrategias NO de guerra y SÍ de inclusión de las propuestas de la ciudadanía, a fin de hacer posible el regreso de los desplazados a sus lugares de origen y el trabajo cotidiano de las organizaciones. Es obligación del Estado garantizar los derechos de la ciudadanía”.